Las condiciones para que la República Dominicana llegue a un acuerdo Stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) son muchas y, quizás, no muy beneficiosas para la población menos pudiente, ya que conlleva mejoras en la administración de impuestos, reformar el sector eléctrico y una drástica reducción racionalizada de las exenciones tributarias.
Además de afianzar la supervisión bancaria, la implementación de un marco de metas de inflación y una estrategia de desarrollo de los mercados de capital nacionales y de la gestión de la deuda pública.
El FMI, en su comunicado, pide que se revisen profundamente las exenciones, lo que significa que se pondrá el 16% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados (ITBIS) a los productos que no los tienen.
Revisar las exenciones implica que hay que buscar 25 mil millones de pesos para pagar la deuda externa y está claro que el Fondo Monetario va prestar 1,700 millones de dólares y no va dejar las recaudaciones impositivas tal y como están.
El director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, dio a conocer la firma de una carta de intención con la República Dominicana, y ésta expone un programa de compromisos de políticas “encaminadas a ayudar a la economía dominicana a recuperarse de los efectos de la crisis financiera mundial y a sentar bases sólidas para el crecimiento sostenible y la estabilidad macroeconómica”.
La firma con el Fondo significa que la economía dominicana no anda del todo bien como han querido hacer entender a la población las autoridades económicas y los conocedores de la materia saben que significa “mejorar la administración tributaria”.
Otra situación que llama a la atención es que el gobierno mantiene su intención de colocar en el mercado internacional 1,000 millones de dólares en bonos soberanos, pero, sin explicar para qué se utilizarán.
La firma carta de intención por parte del gobierno dominicano, que esboza las políticas de los dos años y medio próximos, para las cuales solicitan el respaldo del FMI en forma de un acuerdo stand-by de 28 meses, es por un monto de alrededor de US$1,700 millones.
Los principales compromisos incluyen un déficit primario del sector público combinado de 0,8% del PIB este año, que se reduciría a cero en 2010 y se transformaría paulatinamente en un superávit de 2% del PIB en 2012.
Con relación a los bonos soberanos, economistas, políticos y la sociedad civil, han expuesto su rechazo, porque entienden que esa gran cantidad de dólares serían usados por el gobierno para financiar candidatos en las elecciones de 2010.
