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En una sociedad como la nuestra, donde las regulaciones son fuertes para los débiles, y ciertos personajes introducen al país una serie de equipos electrónicos capaces de violar la privacidad de los ciudadanos y no les pasa nada, Guido Gómez Mazara también puede hacer uso de estos y públicamente presentar supuestas evidencias de un fraude.
Lo peor del caso es que la mayoría, incluyendo muchos comunicadores y periodistas, todavía lo aceptan como algo excitante y novedoso, y cegados por la emoción, ignoran que de igual forma se estarían violentando los niveles éticos que normalizan los procesos jurídicos.
No existe magia alguna en la intercepción de llamadas telefónicas. En los Estados Unidos, bajo la autorización escrita de un Juez especializado en el área, las grabaciones de conversaciones se llevan a cabo, pero sólo se intercepta un reducido número de llamadas cada año. Las leyes, inclusive, cambian de un estado a otro y nuevas legislaciones se suman al complejo espectro de esta práctica.
Detesto generalizar, pero me da la impresión de que en el país parece que todo se puede, y quien exija el respeto por las leyes y procedimientos, que es la única herramienta que permite el avance de cualquier nación, con mucha facilidad, lo califican de un iluso.
No obstante, sin entrar en muchos tecnicismos que sólo podrían extender el artículo, basado en mi experiencia en el área de las telecomunicaciones, me permito compartir algunas observaciones, que en la medida en que la tecnología lo permite, de forma ilegal, se interceptan llamadas privadas, a sabiendas de que por asociación, se violan las leyes que rigen este tipo de actividades.
Primero citemos algunos ejemplos de intercepción, y luego citemos algunos mitos que aún existen. Veamos:
El monitoreo varía desde la intercepción de la misma señal durante la transmisión, o por un método casi prehistórico como la creación de un “puente físico” en el mismo banco donde reside el circuito del teléfono-victima (los técnicos de las compañías telefónicas saben a lo que me refiero), y entre otros métodos, por medio de equipos electrónicos capaces de gravar y monitorear conversaciones sin la autorización de las partes.
Si usted sospecha que su teléfono está intervenido, comuníquelo a su proveedor, pues ellos poseen las herramientas para verificar su sospecha. De ser ese el caso, lo ético sería que dicha compañía le informe de los resultados y si existe evidencia comprometedora, entonces comunicarlo a las autoridades correspondientes y posteriormente remover el dispositivo sea físico o virtual.
En nuestra nación, la suerte para la victima es que el perpetrador no sea un “matatán o tutumpote” pues sí lo es, olvídese de sometimiento alguno. Ellos son intocables. La razón es muy sencilla, regularmente estos “especialistas” son usados por el mismo gobierno y por lo tanto manejan tanta información que prácticamente gozan de inmunidad parlamentaria.
Lo triste del caso es que nuestras instituciones son permisivas, por lo que estoy seguro que muchos ciudadanos sufren de paranoia. Sin embargo, es preciso señalar algunos casos en los cuales no es necesariamente cierto que lo estén monitoreando. Por ejemplo:
Muchas personas escuchan ruidos, estática e inclusive voces y piensan que su teléfono está intervenido. No es necesariamente el caso, pues la mayoría de estos equipos no emiten sonidos audibles al oído humano. De manera que cuando escuche ruidos y “voces o vacíos” en su teléfono, llame a su compañía para que le revisen las instalaciones donde quiera que exista una extensión sea en la casa u oficina.
En el caso de los teléfonos inalámbricos, podemos escuchar conversaciones que se cruzan entre sí, pero lo mismo ocurre regularmente cuando, por ejemplo, se da la coincidencia de que usted y su vecino usen el mismo canal de transmisión. Si le pasa esto, cambie de canal por medio del selector que tiene su teléfono.
Pero continuemos con el “derecho que tiene Guido Gómez Mazara” para denunciar e inclusive amenazar con hacer publica otras conversaciones que él mismo dice tener en su poder y no solo de Pegui Cabral y Ana María Acevedo, sino de personas de mucho mayor jerarquía en su organización política.
Siendo Guido un ex consultor jurídico de la presidencia, inclusive un catedrático que dirige un bufete de abogados, que debe conocer muchos procedimientos, yo quiero pensar que sus acciones están avaladas por todas las leyes, permisos y regulaciones que le puedan proteger antes de emitir tales acusaciones de manera pública.
Si ese es el caso, antes de presentar inclusive las supuestas pruebas, creo que lo primero que Guido y Tony Peña Guava tienen que hacer es demostrar que siguieron cuidadosamente todos procedimientos de lugar, complejos por demás, y que fueron validados por autoridades independientes pero relacionadas al campo, y que puedan corroborar que no hubo alteración de las evidencias. Si se hace bien, dicho proceso es extremadamente complejo.
Como Guido es abogado, debe citar con precisión las leyes que le protegen y permiten hacer la denuncia, pues de ser cierto lo que dice, él está en su derecho legitimo, pero de lo contrario, podemos deducir que son todas las leyes, reglas y procedimientos, que de ser aplicados contra ambos; Mazara y Peña Guava, podrían ser inclusive solicitados por el ministerio publico.
A manera de ilustración, aquí mismo en Miami una denuncia semejante ya estuviera siendo investigada por varios organismos gubernamentales y privados. Pero que cosa más interesante la de mi país, como nuestras leyes no están del todo muy claro, cualquiera se puede escudar bajo esa sombra, y en muchas ocasiones salirse con las suyas. Tal vez de ahí parte la razón de que no es conveniente que tapemos las lagunas de nuestro sistema jurídico, porque entonces se afecta el nivel de manipulación que se usa en contra del pueblo.
Yo no conozco muy bien nuestras leyes en materia de telecomunicaciones, pero quiero imaginarme que existen requisitos legales que regulan quienes ejecutarían la acción y en contra de quien, la razón de la misma, y durante que tiempo definido, se puede autorizar la intercepción de una llamada telefónica.
Luego en sentido contrario, fiscalizar y verificar que todo el proceso se ejecutó de acuerdo a las pautas establecidas y que terminó en el tiempo asignado, para que la persona en cuestión vuelva a disfrutar de su privacidad. Y si no se han definido leyes semejantes y no existe un protocolo oficial, creo que debemos incluirlas en la reforma Constitucional en la mayor brevedad posible.
Quiero soñar que sí tenemos dichas leyes, y que sólo un limitado equipo de juristas y expertos en el área de la informática puede ejecutar estas órdenes, siempre que se haya demostrado ante un Juez competente, que existen razones legítimas para llevar a cabo una acción de tan delicada naturaleza.
Sin enunciar las leyes que le autorizan, sin tener en sus manos los teléfonos físicos de donde supuestamente se hizo el “chateo revelador del fraude”, sin presentar las pruebas que demuestren que dicha evidencia no fue contaminada durante la extracción de la misma, Guido Gómez Mazara, aspirante a la Secretaría General de un partido, puede leer públicamente lo que fuera la transcripción de un texto entre dos personas por la vía telefónica y sin la autorización de éstas.
Hasta el momento, ni el director del INDOTEL ni los proveedores de estos servicios telefónicos han presentado ninguna posición al respecto. Pero como no lo han hecho ni en éste ni otros casos, aunque se violen muchísimas leyes, Guido también aprovecha la ocasión, hasta que alguien regularice la práctica.
A propósito, cuando escuché la supuesta transcripción leída por el mismo Mazara, me resultó extremadamente infantil que dos personas “revelaran” tanta información por la vía telefónica, relacionada a la estructura de la trama donde la palabra fraude y el nombre de sus actores principales, explícitamente se repite en varias ocasiones. Es como para reír o llorar.
Pero todo esto se puede aclarar rápidamente. Como fue un texto digital, por medio de teléfonos Blackberries, las compañías telefónicas almacenan todas las transmisiones y bajo la orden de un Juez competente, pueden reproducir los récords que se guardan en sus servidores. Confisquemos todos los equipos y comparemos entonces la evidencia de los textos. En palabras sencillas, el servidor es el intermediario digital cuando dos personas chatean y es donde se mantienen los récords.
No descarto la posibilidad de que en ocasiones se pierdan algunos controles durante una campaña política, pero sin ánimo de ofensa alguna contra Guido o Peña Guava, tampoco creo tan ligeramente lo que hasta ahora se ha presentado. Su evidencia, en el nivel más fuerte, es extremadamente pobre.
Quienes conocemos un poco sobre éste tipo de tecnologías, debemos emitir nuestra opinión para no dejar en la sombra a más del 80% de la población dominicana, incluyendo a muchos comunicadores y periodistas, quienes emocionados por la innovación el hecho han perdido de vista que durante la lectura del texto, otras leyes igualmente fueron violadas.
