El geólogo Osiris de León expresó que el país no debe aceptar que en la nueva Reforma Constitucional se consigne de forma ambigua un impedimento al libre acceso a las playas y zonas costeras del territorio nacional, porque el interés general debe estar por encima particular y privado.
Dijo que la redacción del texto es ambigua porque dice que : “Las cuencas altas de los ríos y las zonas de biodiversidad endémica serán objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su adecuada gestión y preservación como bienes fundamentales de la Nación. Sin perjuicio de los derechos de propiedad privada, las playas y costas nacionales, ríos, lagos y lagunas son de libre acceso al público, en las condiciones y formas que determine la ley”.
Osiris de León considera que los textos constitucionales deben ser taxativos, sin dejar ninguna duda, ni espacios para las interpretaciones particulares, pero que en este artículo del texto constitucional se ha insertado el concepto que establece que el acceso a las playas y zonas costeras es libre, pero condicionado sutilmente a que no produzca un perjuicio de los derechos de propiedad privada, lo que implica que en realidad se prioriza la propiedad privada por encima del bien común, y que cada vez que alguien construya un hotel en una zona de playa, o cada vez que alguien compre un espacio de playa, de inmediato pasa a ser propiedad privada, y en consecuencia el libre acceso queda totalmente impedido, y llegará el momento en que todos los espacios costeros estarán en manos de la propiedad privada y se impedirá el libre acceso a la playa de cualquier ciudadano que no esté alojado en el hotel dueño del área de la playa.
Dijo que el texto fue redactado de forma ambigua para confundir a la ciudadanía y dar a entender que el espíritu de los legisladores era proteger las cuencas de los ríos y la biodiversidad, así como mantener el libre acceso a las playas, zonas costeras, ríos, lagos y lagunas, pero deliberadamente se le insertó la expresión que establece “sin perjuicio de los derechos de propiedad privada”, expresión que prioriza el derecho privado y margina el derecho de las grandes mayorías, ya que la clase media, los pobres y los indigentes no podrán pagar las altísimas tarifas cobradas por los hoteles y resorts emplazados en nuestras playas, y esas playas no son propiedad particular, sino propiedad del pueblo dominicano tal y como lo establecen los artículos 145, 146 y 147 de la Ley Ambiental 64-00.
Dijo que el artículo 145 de la Ley 64-00 establece que los bienes de dominio público marítimo-terrestre o costas pertenecen al Estado Dominicano, y por tanto son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y todo ciudadano tiene derecho a su pleno disfrute, pero que esta Reforma Constitucional cercena este sagrado derecho de todos los dominicanos.
El académico y ambientalista dijo que algunos inversionistas de la hotelería y el turismo influyeron para que el texto fuese redactado tal y como ha sido aprobado, pero que la redacción de ese artículo, lejos de beneficiar a la hotelería y al turismo dominicano, representa una espada de damocles para el futuro desarrollo turístico, ya que cuando las principales playas estén en manos de particulares ningún inversionista querrá invertir en el turismo dominicano, fruto de que las playas estarían privatizadas y vedadas al resto del público, cuando lo correcto sería desarrollar un modelo similar al de Copacabana e Ipanema, en Río de Janeiro, donde esas hermosas y blancas playas son de libre acceso para todos los huéspedes de todos los hoteles que han sido construidos en las cercanías, y para todos los huéspedes de los hoteles que se construyan en el futuro.
Ningún hotel es dueño de ningún segmento de las playas de Copacabana e Ipanema, en Río de Janeiro, y el turista puede caminar libremente a lo largo de ellas o puede bañarse en cualquier tramo de ellas, y eso es lo que ha permitido el extraordinario crecimiento del turismo en Río de Janeiro.
A los hoteleros les gusta mucho imitar los modelos extranjeros, pero sólamente en los aspectos que les benefician a ellos, nunca en los aspectos que benefician a las grandes mayorías, pues debían imitar el modelo de Río de Janeiro.
El hecho de que los principales líderes políticos dominicanos se hayan puesto de acuerdo para aprobar esta irracionalidad ambiental, demuestra que el liderazgo político dominicano es decadente y que debe ser renovado, porque ese liderazgo nunca ha estado del lado de los intereses ambientales y sociales, sino exclusivamente del lado de los intereses comerciales y particulares.
Osiris de León invitó a todo el país a sumarse a las protestas en contra de la aprobación de este artículo, tal y como ha sido redactado, y exigir a los legisladores que revisen el texto a fin de eliminar el concepto que establece “sin perjuicio de los derechos de propiedad privada”.
