La comisión de diputados que estudió el contrato de compraventa de las acciones de Aerodom a la empresa Advent Airport Dominicana, sugirió que se investigue esa negociación en su totalidad y el pago de impuestos por ganancia de la venta de capitales.
Los legisladores pidieron el pago total del Impuesto Sobre la Renta (ISR) dejado de percibir hasta la fecha, más las penalizaciones y mora por el tiempo transcurrido desde el momento en que se generó la obligación tributaria y se hiciera exigible la misma.
El Estado dominicano en ningún momento conoció o avaló la venta de acciones de Aerodom, y ninguna de las enmiendas hechas al contrato (3) han sido conocidas por el Congreso Nacional.
Sobre las enmiendas, el contrato original que se firmó entre la Comisión Aeroportuaria y Aerodom dice: “ningún tipo de transformación o venta puede hacerse sin el consentimiento del Estado dominicano y sin la aprobación del Congreso”.
En ese orden, el artículo 16 del contrato expresa: “bajo ninguna circunstancia, la persona que tiene la concesión podrá vender o hacer otro tipo de negocio sin el conocimiento del Estado dominicano”.
También existe la falta de pago de los impuestos por la ganancia de capital, generado a razón de las ventas de las acciones de Aerodom.
Además, existe el desorden de la tasa aplicada por el aeropuerto a los fletes aéreos, ya que pese al decreto que reduce de seis centavos de dólar a dos, el pago por libra de carga exportada, se sigue cobrando los seis centavos.
Asimismo, una tasa de US$1.25 que se cobra para Seguridad Aeroportuaria, que aunque es cobrada, nunca se le ha reconocido al Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESA).
Otra anormalidad es el pago de los impuestos por venta de las acciones, ya que ninguno de los adéndum hechos posteriormente al contrato tampoco habla de exoneración de puestos a las ganancias de capitales.
El artículo 10, numeral 10.1, literal a) del Contrato de Concisión de fecha 7 de julio de 1999 y sus posteriores addendas, no conceden exención impositiva en el aspecto, o que constituye una estafa al Estado dominicano.
Se habla de una auditoría practicada al contrato cuando era presidente de la Junta Aeroportuaria, Víctor Díaz Rúa, quien cuando fue interpelado dijo desconocer la negociación.
Se trata de un contrato viciado, sin aprobación del Congreso Nacional, que debe ser revisado o revocado, y que los aeropuertos sigan rigiéndose a lo loco, porque se desconoce el marco jurídico y la realidad para operar terminales aéreas.
En el aeropuerto de Puerta Plata, los pasajeros son sometidos a malos tratos, los conducen por callejones y lugares no apropiados, hasta llegar al avión, lo mismo pasa a la llegada.
La situación obedece a que la reconstrucción de la terminal aeroportuaria está a un 30%, pese a que los concesionarios dicen está a un 80%. También hay goteras por todos lados, poniendo en situación incomoda a los viajeros.
Tampoco se estableció en el contrato la inversión en los aeropuertos, llegando a ocho los meses en que al de Puerto Plata no se le invierte un peso.
La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudió el contrato consideró que los aeropuertos deben pagar sus impuestos, revisarse los adéndum, ver si real y efectivamente han invertido, y porqué no pagan el dinero de la tasa que le corresponde al CESA.
Hace años que no pagan al CESA, lo que expone la seguridad de los pasajeros y las líneas aéreas, así como descuido en el mantenimiento, tanto en los aeropuertos de las Américas, en Arroyo Barril y el María Montez.
La situación indica que se está ante violaciones muy serias a un contrato tan importante como el manejo de los aeropuertos en República Dominicana.
La resolución de la Comisión de Diputados fue evacuada el 24 de septiembre de este año, de manera que se debe solicitar la revisión del contrato.
Siendo Andrés Van Der Horst, director de Aeroportuaria, también fue interpelado y no asumió una posición responsable al respecto. Aerodom nunca ha sido evaluado seriamente para conocer si cumple calvamente con lo estipulado en el contrato.
En el contrato de venta de acciones se evadieron todos los procedimientos legales y preceptos constitucionales por un grupo de empresarios privados, sin “estar sujeta a ninguna evaluación de la administración, el traspaso de acciones de un servicio público que se obtuvo luego de cumplir un proceso de licitación pública internacional y posterior adjudicación”.
Se dice que el contrato suscrito entre compradores y vendedores de las acciones de Aeropuertos Siglo XXI y la empresa Advent Airport Dominicana, podría involucrar una suma de US$995 millones, es decir, muy superior a los US$645 millones que establece el contrato.
A las áreas de carga de los aeropuertos las Américas y Puerto Plata, no se le ha invertido un centavo, pese a que lo estipula el contrato.
A José Luís Abraham, asesor aeronáutico del Poder Ejecutivo, miembro de la Junta de Aviación Civil, embajador alterno ante la OACI, y miembro del Consejo Directivo de Aerodom, se le atribuye la mayoría de las violaciones contenidas en el contrato.
La comisión de diputados que estudio el contrato estuvo encabezada por Lidio Cadet, y compuesta por Luís José González Sánchez, Mario José Fernández Saviñón, Gilda Guzmán, entre otros.
