Legisladores de diferentes partidos políticos pidieron este lunes al Ministerio Público investigar las graves irregularidades en la construcción de la presa de Monte Grande, denunciadas por el doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho).
El diputado peledeísta, Víctor Terrero, entiende que la Procuraduría General de la República debe ponerse al frente de las investigaciones y buscar una respuesta satisfactoria a la denuncia del doctor Castillo.
“Para nosotros, el anuncio de la construcción de la presa fue una noticia que llenó de mucha alegría a la comunidad”, señaló Terrero, cuestionado en el Congreso sobre la denuncia del presidente de la Comisión de Ética y Prevención de la Corrupción.
Dijo que hace dos semanas visitó el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI), donde observó que se preparaban las informaciones finales para la construcción de la presa.
Este domingo, el doctor Castillo denunció una sobrevaluación en la oferta de licitación para el financiamiento y construcción de la Presa de Monte Grande, por un valor estimado en US$ 68 millones.
El jurista pidió a la Contraloría General de la República insertarse en el examen de la realidad de la licitación, haciendo las observaciones que resulten de lugar a todas las partidas sobrevaluadas en bienes y servicios.
Indicó que la Contraloría de la República debe ajustar a la realidad o declararla invalida o de algún modo no emprender la ejecución de una obra tan importante en medio de tantas sombras de dolo.
Sostuvo que la Contraloría debe de ser utilizada desde el principio de la concesión, “si se hará una obra, si se licitará, si hay planos ya sometidos, estar al tanto y tener su cuerpo técnico, para el acceso a las características y la propuesta para evitar lo que se produjo ahora”.
“Detrás de todas esas cosas hay combinaciones obscenas de provecho, de peculado, de soborno, de comisiones, y el país no puede estar en condiciones de seguir padeciendo experiencia de este tipo”, adujo el también asesor en asuntos de droga del Poder Ejecutivo.
También hizo una advertencia a los responsables de la administración pública de que estarán bajo la vigilancia y la denuncia del propio gobierno, y de un área del gobierno que es sensitiva.
