Las aguas del más grande de los ríos de la isla esclarecieron casi al borde de la cristalinidad, para inmediatamente retroceder a una turbidez escabrosa.
El país aspira, desde muchos años atrás, a lograr un beneficio más racional y productivo de la parte que le compete (impulsando la construcción de una hidroeléctrica, que sólo por el lado de la generación puede adicionar 143 mil millones de vatios), pero ese deseo se ha visto tronchado por la improvisación, la precaria protección de los intereses colectivos y el aventurerismo, no siempre ingenuo, que acompaña muchas determinaciones.
Siete años ha, sin que mediara una licitación, que el ingeniero César Sánchez adjudicó el contrato de construcción de la hidroeléctrica Artibonito a la Constructora Queiroz Galvao.
Esa constructora contaba con un plazo de seis meses para presentar un plan firme de financiamiento, cosa que no cumplió vencido ese período, sino que pidió una adenda que ampliaba el plazo a un año; luego a dos, a tres, a cuatro, a cinco e iban camino a ocho con incumplimiento sobre incumplimiento.
Recién leí en el diario Hoy una información de la que tomé apuntes.
Lo hice para para saludarla y celebrarla: el Consejo Directivo de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) se había empantalonado y a unanimidad en su sesión ordinaria del 5 de septiembre, decretó la anulación de ese contrato, que estaba muerto hace tiempo, por el incumplimiento de una empresa beneficiada con una obra para la que nunca reunió capacidad de ejecución.
Tras esa oportuna y valiente decisión, la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado, trazaba claramente cuál era el camino a seguir: este camino era la convocatoria de una licitación pública internacional para la reasignación de la obra.
¿Qué influencias se habrán movido para que después de haber emitido la resolución 17-09, el Consejo Directivo de EGEHID, sin cuidarse de los fundamentos legales, echara su decisión atrás?
¡Vaya usted a saber!
Lo que deseo es que nunca se vean ante el apuro de tener que explicar ese proceder ante un juez.
Esto así, porque en esos momentos los que obedecen órdenes que pisotean leyes, se quedan solos con sus responsabilidades.
La empresa incumplidora solicitó una reconsideración, presentando ahora como socia a la compañía brasileña Andrade Gutiérrez.
Andrade Gutiérrez, en el fondo, pasará a ser la verdadera adjudicataria de la presa de Artibonito, sin haberla ganado bajo las reglas de la ley 340-06.
Es la misma del no muy claro dos por uno que unificó el concurso de Monte Grande con Sabana Yegua, que también es otra piedra de escándalo.
Pero, además de que decisiones como ésas dejan muy mal paradas las prédicas de transparencia, tampoco garantizan la ejecución del proyecto, porque la empresa que ha sido buscada para ofrendar las garantías tiene varias obras estancadas por falta de financiamiento.
La reseña de la decisión primera es del seis de octubre y en ella se prometió que, en cumplimiento fiel de la ley, próximamente se llamaría a licitación, pero veinticuatro horas después, el Consejo Directivo de EGEHID, por voluntad propia o por inducción, se desentendía de ese compromiso, desautorizándose a sí mismo.
¡Qué lástima que ignoraran que entre los caudales que alimentan el río Artibonito, que bendice con un tercio de su cauce el territorio dominicano, está el río Limpio!
