El Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional rechazó este miércoles la solicitud de medida de coerción contra el empresario Carim Abunaba´a, interpuesta por el doctor Gustavo Mejía-Ricart, quien lo acusa de intento de asesinato.
La magistrada Rosanna Vásquez, presidente del Séptimo Juzgado de Instrucción, decidió rechazar el pedido en atención a que no se pudo determinar intenciones de fuga por parte del querellado.
Mientras que el tribunal aprobó la preposición de pruebas, consistente en una acción contra el Ministerio Público interpuesta por Mejía-Ricart, para que la justicia siga investigando la compra de armas de fuego hecha por Carim.
En este sentido, el Ministerio Público realice unos interrogatorios propuestos por el querellante a los testigos de la causa, que son personas que participaron en la compra de armas de fuego conjuntamente con Carim. También las solicitudes de pruebas de las compras realizadas por el querellado.
En lo adelante, el tribunal conocerá si habrá o no una apertura a juicio por el intento de asesinato, pero por el momento no se fijó una nueva audiencia, y sobre el caso, el Ministerio Público se reservó continuar las investigaciones que el doctor Mejía-Ricart le propuso.
Carim es acusado de intento de asesinato y de violar los artículos del Código Penal 2, 265, 266, 295, 308 y 309 del Código Penal y los 2, 24 y 39, párrafo IV de la Ley 36 sobre Porte y Tenencia de armas de fuego.
El tribunal había ordenado con anterioridad el envío de las actuaciones del proceso que se le sigue a Carim, yerno del presidente Leonel Fernández, por ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, para la continuación de las investigaciones de lugar.
La continuación de las investigaciones sobre el caso fue dispuesta por el Juez Presidente en funciones de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito nacional, Modesto Antonio Martínez Mejía.
El magistrado Ramón Berroa Hiciano, del Primer Juzgado de Instrucción, también había ordenado, en diciembre pasado, continuar con las investigaciones que den con la realidad del caso, para luego abrir un juicio de fondo contra el novio de Nicol Fernández, hija mayor del presidente Fernández.
Berroa Hiciano legitimó el certificado médico presentado por Mejía-Ricart, que avalaba la denuncia de que fue objeto de un intento de asesinato por parte del Carim.
Para sustentar la acusación, Mejía-Ricart depositó un casquillo de bala, fotos de una metralleta y reportes médicos, además, fotografías que muestran a Carim manejando el instrumento de guerra.
Mejía-Ricart pide, entre otras cosas, que se condene a Carim a cinco años de prisión por su acción violatoria y al pago de RD$500 millones por la justa compensación a los daños y perjuicios causados.
En diciembre de 2008, Mejía-Ricart pidió a la juez coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional medida de coerción contra el empresario Carim.
Entendía que esa medida garantiza que Carim haga acto de presencia durante todo el proceso investigativo o del juicio incoado en su contra. Dijo que las medidas serán combinadas 1, 2 y 4 establecidas en el artículo 226 del Código Procesal Penal.
Se recuerda que en fecha 11 de septiembre de 2008, Carim invitó Mejía Ricart a su oficina, en su calidad de abogado del señor Vladimir Mencía Capellán, a los fines de llegar a un acuerdo sobre una deuda que este posee con su cliente.
La reunión Carim la habría utilizado única y exclusivamente a los fines de burlarse de Mencía Capellán, razón por la cual el querellante la terminó luego de 20 minutos, por entender era estéril y al salir de la oficina del querellado, el yerno del Presidente empezó a lanzar improperios e insultos, a lo que el abogado respondió diciéndole que si el asunto era personal podrían resolverlo de esa forma.
Al bajar al parqueo, contó Mejía-Ricart, más atrás lo hizo Carim, quien sin mediar palabras se dirigió a un jeep, sacó una metralleta y le hizo un disparo al querellante, no pudiendo alcanzarlo.
