El Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) comunicó este jueves a la Junta Central Electoral (JCE) el descargo de la acusación sobre supuestas irregularidades con la firma del contrato de la empresa Soluciones Modernas (SOMO) para la automatización del Registro Civil.
Las acusaciones de irregularidad fueron formuladas por el pasado secretario general del organismo comicial, Antonio Aquiles Lockward, tiempo después de haber sido sustituido de sus funciones.
Según la DPCA, los hechos investigados no constituyen infracción penal, debido a que los elementos existentes no establecen la ocurrencia de un hecho punible, además de que las partes llegaron a un acuerdo de pago.
En tal sentido, el Ministerio Público, representado por el Procurador General de la República, dispuso archivar de manera definitiva el proceso de investigación abierto, debido a las presuntas irregularidades detectadas en la licitación contratación y ejecución de la modernización del registro civil por SOMO.
La información fue suministrada por el presidente de la JCE, doctor Julio César Castaños Guzmán, quien consideró la notificación como la terminación de lo que se había constituido durante tres años de gestión en un asunto difícil y desagradable para esa entidad.
“Esto termina formalmente para la salud de todos. Esperamos que este acto jurídico de paso a que se despejen cualquier tipo de dudas sobre el trabajo, la misión y los fines que el tribunal electoral persigue, donde lo único que hace es trabajar y servir al pueblo”, apuntó Castaños Guzmán.
Asimismo, manifestó su satisfacción de que ese asunto haya terminado, tras expresar su deseo de que suceda lo mismo con el caso de la Cámara de Cuentas, para que sea esclarecido, tras señalar que lo único que la JCE ha hecho es trabajar.
En ese orden, el DPCA ordenó que el auto sea comunicado a SOMO, al ex secretario de la JCE, Antonio Aquiles Lockward, a Participación Ciudadana y cualquier otra persona que lo solicite para los fines legales.
El auto de notificación con el número 4900, de fecha 13 de octubre del 2009, fue entregado al magistrado Castaños Guzmán por el director del DPCA, Hotoniel Bonilla García
