El contrato de compraventa de las acciones de Aerodom a la empresa Advent Airport Internacional viola todos los principios legales del país, advirtió este viernes el diputado José González Sánchez, miembro de la comisión de legisladores que estudió dichas negociaciones.
Mientras que después de muchos intentos por consultarle al respecto, el director del Departamento Aeroportuario, Arístides Fernández Zucco; remitió los periodistas a la Comisión Aeroportuaria que preside el secretario de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.
El informe reciente que presentó la comisión especial de diputados, encabezada por Lidio Cadet, sugirió que se investigue el contrato, los pagos de impuestos por ganancia de la venta de capitales y el total del Impuesto Sobre la Renta (ISR), dejados de percibir hasta la fecha.
González Sánchez reveló que el Estado dominicano no recibió un sólo centavo por concepto de impuestos por esa transacción, que dijo únicamente benefició a los empresarios, en perjuicio del bien público de los dominicanos.
No descartó que en la operación exista complicidad de instituciones públicas, al tiempo que explicó que los ejecutivos de Aerodom cometieron el “grave error” de hacer un adéndum al contrato original con el Estado dominicano, el cual no fue aprobado en el Congreso.
Insistió en que el contrato con Aerodom sea revisado para que la empresa pague los impuestos correspondientes al Estado, o de lo contrario llamar a un referéndum para que el pueblo decida su renovación o la anulación del mismo.
Advirtió que de lo contrario “esa gente seguirá cobrando todo el dinero del mundo contra los intereses de la nación, sin pagar impuestos, sin pagar nada”.
El legislador considera que el Departamento Aeroportuario, que dirige Arístides Fernández Zucco, debe salir en defensa de los intereses de la nación en las negociaciones de Aerodom con la empresa Advent Aiport Internacional.
Por su parte, Fernández Zucco, a través del departamento de comunicaciones Aeroportuario, rehusó referirse al contrato, alegando que ese organismo es adscrito a la Comisión Aeroportuaria, y que a ella corresponde el manejo institucional.
Ramón Jerez, encargado de comunicaciones, expresó que la dirección ejecutiva del Departamento Aeroportuario, como organismo apéndice de la Comisión del organismo, se encarga de la parte operativa.
El Estado dominicano en ningún momento conoció o avaló la venta de acciones de Aerodom, y ninguna de las enmiendas hechas al contrato (tres en total) han sido conocidas por el Congreso Nacional.
Sobre las enmiendas, el contrato original que se firmó entre la Comisión Aeroportuaria y Aerodom dice: “ningún tipo de transformación o venta puede hacerse sin el consentimiento del Estado dominicano y sin la aprobación del Congreso”.
Además, existe el desorden de la tasa aplicada por el aeropuerto a los fletes aéreos, ya que pese al decreto que reduce de seis centavos de dólar a dos, el pago por libra de carga exportada, se sigue cobrando los seis centavos.
Asimismo, una tasa de US$1.25 que se cobra para Seguridad Aeroportuaria, que aunque es cobrada, nunca se le ha reconocido al Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESA).
Se trata de un contrato viciado, sin aprobación del Congreso Nacional, que debe ser revisado o revocado, y que los aeropuertos sigan rigiéndose a lo loco, porque se desconoce el marco jurídico y la realidad para operar terminales aéreas.
La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudió el contrato consideró que los aeropuertos deben pagar sus impuestos, revisarse los adéndum, ver si real y efectivamente han invertido, y porqué no pagan el dinero de la tasa que le corresponde al CESA.
Se dice que el contrato suscrito entre compradores y vendedores de las acciones de Aeropuertos Siglo XXI y la empresa Advent Airport Internacional, podría involucrar una suma de US$995 millones, es decir, muy superior a los US$645 millones que establece el contrato.
A José Luís Abraham, asesor aeronáutico del Poder Ejecutivo, miembro de la Junta de Aviación Civil, embajador alterno ante la OACI, y miembro del Consejo Directivo de Aerodom, se le atribuye la mayoría de las violaciones contenidas en el contrato.
Hace poco, la Asociación de Tiendas de Zonas Francas (ATZRD) acusó Aerodom de evadir su responsabilidad y ejercer presión sobre la justicia, para conseguir un fallo adecuado a sus propósitos y así eliminar los negocios tradicionales que operan en las terminales del país.
La ATZRD respondió una información donde Andrew O’brine, gerente general de AERODOM, afirmaba que los trabajos de remodelación de los aeropuertos de Puerto Plata y Las Américas estaban paralizados por una litis con las tiendas de zonas francas.
