El jurista Julio Cury calificó como un abuso que busca desacreditar la administración de justicia en el país la solicitud a la Suprema Corte de Justicia por el Fiscal del Distrito Nacional para que el juez interino del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Franny Manuel González Castillo, sea investigado por variar una medida de coerción.
Se recuerda que el magistrado González Castillo cambió la medida de coerción, de prisión preventiva a garantía económica en favor del imputado Jimmy Oliver Rodríguez Ortiz, sobre quien pesa una acusación sobre narcotráfico.
Cury consideró que la solicitud no tiene su origen en ninguna irregularidad que pueda atribuírsele a la decisión que se objeta, sino a la deplorable ineptitud del Ministerio Público.
“Usted puede estar en desacuerdo con una decisión, pero eso no le otorga ningún derecho para poner en entredicho la integridad del juez, hábito irresponsable y perverso que ha devenido en la norma de este Ministerio Público”, subrayó Cury.
Deploró que el Fiscal traslade sus inconformidades a la opinión pública, lo que a juicio del reconocido abogado ha sido una práctica morbosa para justificar el saldo deficitario de su gestión.
“En este caso particular, se ha pretendido degradar a Franny González, un juez cuya honorabilidad está al abrigo de sospechas, lo que es imposible reconocerle a no pocos fiscales adjuntos, que suelen prestarse a cualquier abuso por motivos contantes y sonantes”.
Cury estimó que elevar quejas a la Suprema Corte de Justicia contra jueces del orden judicial por decisiones dictadas dentro del marco de sus atribuciones legales, constituye un “odioso medio de coacción” que busca en el trasfondo intimidar a los jueces para que decidan “no de conformidad a su convicción y a las pruebas aportadas, sino de la antojadiza voluntad de un Ministerio Público que, salvo honrosas excepciones, es vergonzosamente incompetente”.
Recientemente, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas manifestaron este jueves su preocupación por la aptitud adoptada por el juez, Franny Manuel González Castillo de variar una medida de coerción, de prisión preventiva a garantía económica en favor del imputado Jimmy Oliver Rodríguez Ortiz.
En ese sentido, las entidades antes señaladas formularon un llamado a la Suprema Corte de Justicia para que abra una investigación, en torno a la decisión desafortunada del juez González Castillo, que aseguran no están a la altura de la rigurosidad que los casos de narcotráfico ameritan.
