El ex ministro de Seguridad, Don Fernando Berrocal, en su artículo «En caída libre» (La Nación, 7 de los corrientes), hace a los dominicanos co-responsables de la violencia, al afirmar, «las mafias colombianas han seguido actuando…y profundizando su criminal poder en Costa Rica. Aparecieron además…las mafias mexicanas…igual o más sanguinarias que las colombianas. Se destaparon con violencia los dominicanos que hasta controlan un área céntrica de San José, en donde impera su propio orden criminal y no las leyes de la República».
En los deplorables sucesos en que murieron a manos de extranjeros un agente del OIJ y una joven estudiante, y en los anteriores o siguientes, no han participado dominicanos. La inseguridad de la llamada «Tierra Dominicana» (no porque reine el «orden criminal» dominicano, sino por haber existido un establecimiento del mismo nombre y propiedad, luego adquirido por alguien de otra nacionalidad), no es mayor que en ciertos sectores capitalinos.
Al presente, funcionan allí tres negocios dominicanos con empleados de diversas nacionalidades, y sólo una minoría de residentes son dominicanos, pero el mote de la zona los incrimina a priori. Tras la muerte de un peatón indigente, la Fuerza Pública detuvo a «varios colombianos y dominicanos» por posesión de armas y estadía irregular, mas lo destacado en la pantalla del principal noticiero televisivo vespertino fue el pasaporte dominicano de una detenida (no implicada en el crimen). Peor aún, el titular difamatorio de un tabloide anunciaba, el mismo trágico 29 de octubre pasado, «Balean hija de cónsul en tiroteo cruzado entre dominicanos», sólo que esos «dominicanos» eran de otra isla caribeña, sin que el tabloide rectificara la falsía.
No negamos el ingreso irregular de compatriotas al territorio tico, ni la presencia de dominicanas en la red multinacional del tráfico sexual, todo un abuso a la hospitalidad del país anfitrión. Pero el justo derecho y deber de combatir acciones criminales o ilegales de nacionales y extranjeros, no justifica la xenofobia (practicada selectivamente en la propia República Dominicana por grupos de poder y formadores de opinión), de tan calamitosas consecuencias para la humanidad. Intranquiliza que en el siglo XXI, en Costa Rica, que negocia tratados comerciales con China y Singapur –las exportaciones ticas al mercado dominicano en 2008 fueron aproximadamente US$195 millones contra casi US$25 millones de las dominicanas–, un candidato de apellido «extranjero» ofrezca expulsar a «los delincuentes extranjeros».
Debemos rechazar términos discriminatorios generales (el supuesto destape violento de los dominicanos y el imperio de su «propio orden criminal», a que alude el ex ministro Berrocal); o montajes televisivos y titulares sensacionalistas contra una comunidad que, como cualquier otra, exhibe luces y sombras, y cuyo país produjo luchadores por lo que consideraron, justa o erradamente, el bienestar de Costa Rica.
Hoy, pocos ticos o dominicanos sabrán de los recursos, armas y combatientes dominicanos, con la coordinación del exiliado antitrujillista Juan Rodríguez, en la contienda que en 1948 encabezara el ex presidente José Figueres, en la que los dominicanos Miguel Angel Ramírez Alcántara y Horacio Ornes fueran Jefe de Estado Mayor y Comandante de la toma de Limón, respectivamente. Cuando por razones conocidas el nuevo gobierno tico rompió el acuerdo de la Legión del Caribe de luchar contra las dictaduras, los dominicanos se replegaron a Guatemala, desde donde en 1949 el propio Ornes dirigió una pequeña expedición contra la dictadura trujillista, en la que murió el costarricense Alfonso Leyton, combatiente de Limón.
En la República Dominicana se profesa sincera admiración a Costa Rica, de cuyas instituciones hemos aprendido y adoptado más de un aspecto, y cuyos nacionales, que no necesitan visa de entrada a nuestro país, siempre serán bienvenidos.
