Si bien la afirmación del Fiscal del Tribunal Supremo de España, Javier Zaragoza, no fue nueva para la sociedad dominicana al afirmar que el narcotráfico y la corrupción son “actividades muy extendidas”, aquí y en Latinoamérica, si hay que añadir como preocupante y mucho más, lo que está aconteciendo a todo lo largo y ancho del territorio nacional.
Transcurren los días finales de diciembre y la prensa es una consecución de noticias relacionadas con el tráfico ilícito de sustancias narcóticas: “Más muertes y raptos surgen durante interrogatorios Paya”…”DNCD ocupa 51 paquetes de coca en La Romana y Haina”… por sólo nombrar algunos titulares.
Un lector de DominicanosHoy asevera con certeza que “no aporta nada nuevo lo expuesto por este señor, ya que todo lo dicho es bien sabido por todos”, y agrega que es muy poco lo que se puede hacer desde las instituciones, porque precisamente carecemos de institucionalidad como Estado.
La opinión de este lector abarca el concepto que el propio Zaragoza señala como vulnerabilidad en varios países de la región, y que concierne a la debilidad institucional en algunas organizaciones.
El llamado del Magistrado a las autoridades dominicanas a “mantenerse vigilantes” ante la proximidad de la contienda electoral se suma a las inquietudes que desde hace tiempo convulsiona la opinión pública; sobre todo porque resulta imprescindible no sólo que se adopten mecanismos de prevención, que se fortalezca la supervisión del financiamiento de las campañas políticas y se endurezcan las sanciones, etc, sino porque ya se requieren resultados en este camino donde la corrupción, junto al narcotráfico, consume la realidad dominicana.
El Coordinador General de Participación Ciudadana, Samir Chami Isa, resume lo que se impone ante tanta amplitud del consumo de drogas, especialmente en el segmento de los jóvenes, y es, precisamente, la responsabilidad del sistema judicial y policial, en el combate del flagelo, y no en el sendero de las interrogantes escépticas, como sucede con el caso de Paya.
