Tolerancia y tentaciones son palabras que deberían borrarse de las hojas de servicios de cada militar, funcionario público y, en definitiva, de quienes cumplen un deber político, social y económico, en consecuencia con el compromiso asumido con el desarrollo y la democracia del país.
Cuando un subordinado y jefe inmediato tienen “su parte” en cuestiones ilícitas, la tolerancia se multiplica precedida por la tentación, que concluye con un deterioro moral y cívico capaz de corromper la sociedad y poner en riesgo al resto de los ciudadanos.
Decir ¡No! parece ser muy difícil cuando se interponen ganancias que superan el salario de que dispone cada quien. Pero, que el sistema económico y los estamentos dispuestos para préstamos y otros conceptos de este tipo impidan el desarrollo individual y colectivo, no puede ser causa determinante para el tráfico ilícito y lavado de dinero sucio.
Ni los adelantos tecnológicos en aeropuertos, ni la compra de aviones especializados y todo lo demás, pueden sustituir la actuación del ser humano.
El caso Figueroa Agosto forma parte de una red criminal que involucra a personas de poder y en términos de “noticia”, no es novedoso saber que estén implicados altos funcionarios de la DNCD, las Fuerzas Armadas y la Policía.
En realidad, voces acusadoras se han alzado desde el caso Paya para denunciar tales hechos. Resta ahora saber “quiénes” son y “cómo” actuará la dirección del país en estos actos de tráfico ilícito y lavado de dinero sucio que deterioran y corrompen el acontecer nacional.
