La Junta Central Electoral (JCE) tuvo que intervenir y tomar decisiones importantes para solucionar conflictos internos suscitados dentro de los tres partidos de mayor incidencia en la política dominicana durante el 2009. Ese tribunal también resolvió diferencias entre sus propios jueces.
Uno de los impasses que causó dolor de cabeza a la JCE fue del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), cuando una facción dirigida por José Osvaldo Leger quería que las nuevas autoridades fueran elegidas en primarias y otros, con el entonces presidente, Federico Antún Batlle, propugnaba una escogencia por consenso.
Después de varias audiencias públicas, dimes y diretes entre ambos grupos, la JCE decidió que las elecciones de las nuevas autoridades del PRSC fueran mediante consenso, decisión que fue refutada por Leger, pero que respetó.
El PRD también acudió varias veces a la JCE durante el 2009 a dirimir conflictos internos. La primera, una impugnación incoada por el ingeniero Hipólito Mejía a la asamblea en la que el presidente de la organización, Miguel Vargas Maldonado, realizó algunas designaciones.
En ese sentido, la Cámara Contenciosa decidió declarar la nulidad de la resolución sexta de la Convención Ordinaria que designó las comisiones de Control, Consultiva y la de Reforma Estatutaria, en razón de que eran competencias de la Convención Nacional Ordinaria.
No bien concluido este pleito, otra vez, el grupo de Mejía volvió a la JCE para impugnar las reservaciones de candidaturas en el PRD dispuesta por Vargas Maldonado, y a su vez solicitó al Partido de la Liberación Dominicano (PLD) para que participara en los debates sobre ese particular.
No obstante, la JCE rechazó el recurso de impugnación contra las reservaciones de candidaturas por considerarla “improcedente, mal fundada y carente de base legal”.
Además, otro conflicto que amenazó con dividir al PRD fue la denuncia de fraude durante la Convección Nacional Ordinaria para elegir al secretario general y de organización. Guido Gómez Mazara y Tony Peña Guaba presentaron pruebas del alegado fraude.
La Comisión Organizadora de la Convención dio como ganadores a Orlado Jorge Mera y a Geanilda Vázquez. El descontento de Gómez Mazara y Peña Guaba los llevó a impugnar ante la JCE los resultados de la convención.
En el 2009, se produjo en la JCE una guerrilla entre dos magistrados, quienes por varias semanas mantuvieron a la población entretenida con sus enfrentamientos públicos.
Esas rivalidades generaron opiniones adversas de la sociedad, llegando incluso a pedir al Congreso Nacional la conformación inmediata de una nueva JCE.
Las pugnas entre los magistrado se originaron cuando la jueza Aura Celeste Fernández ventiló ante los medios de comunicación que no recibía en su despacho los informes financieros que debía entregar a los miembros del organismo, la Cámara Administrativa electoral, presidida por su homologo Roberto Rosario.
Fernández acusaba a Rosario de no dar explicaciones sobre lo que hacía con el presupuesto de la institución, lo que generó agrias discusiones alegando mal manejo de los fondos de la JCE
Ante esas acusaciones, Rosario, mediante rueda de prensa, respondió a Fernández con un informe pormenorizado de cada centavo que recibe y gasta el organismo comicial y cómo ha invertido RD$242.4 millones en tres años.
Con esa información, la población pensó que era el fin de la discusión, pero para sorpresa de todos, Fernández llamó mentiroso a Rosario, al considerar que no dijo la verdad. Asimismo, pidió explicación por lo más de mil 493 millones 816 mil 50 pesos por concepto de tasas de servicios de las oficialías que recibe la JCE.
Otro escándalo ocurrido en la JCE, fue el resultado de la auditoria que hiciera la Cámara de Cuantas, donde el tribunal comicial fue retado a responder el contenido de los informes de Auditoría Financiera y de Control Interno del organismo, correspondiente al año 2008.
Se recuerda que las debilidades encontradas por los auditores fueron inobservancia de las disposiciones legales relacionadas con las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras, así como del Código Tributario.
En la auditoria también se detectó la carencia de un sistema contable integrado para el proceso de recepción de bienes, así como debilidades en los registros de efectivo, inversiones y activos fijos y cuentas por pagar, lo que no permite un control efectivo de las operaciones.
Durante el 2009, y como preparativos para las elecciones, la Cámara Administrativa elaboró un cronograma electoral que avanzó de acuerdo a lo pautado por el organismo comicial. También la JCE supervisó las convenciones internas del PRSC, PRD, Y PLD.
Asimismo, inició la instalación de equipos tecnológicos, la contratación de las empresas que suplirán los materiales electorales y procedió a instalar 77 centros de cedulación en distinto puntos del país.
De igual manera, la Cámara Administrativa entrenó a más de 70 mil personas que trabajarán en las elecciones de este año 2010, además, están distribuyó 5 mil formularios a través de la iglesia católica, y otras instituciones para reclutar los voluntarios.
