La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) recomendó a los jueces ser reflexivos y juiciosos en la imposición de medidas de coerción por la imputación de crímenes graves, que afectan e impactan el tejido social en su conjunto, convirtiéndose en escándalos lamentables que erosionan y minan la credibilidad del Poder Judicial en el país.
El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini, favorece revisar el Código Procesal Penal de la Republica Dominicana, a los fines de limitar el ámbito de discrecionalidad que tienen los jueces de la instrucción al momento de valorar los presupuestos o criterios a considerar para la imposición de una medida de coerción equis.
Así como disponer de los recursos técnicos y logísticos necesario para la capacitación y operatividad eficiente de la Policía Científica.
Trajano Potentini citó como el mayor escollo para la correcta aplicación del Código Procesal Penal el cambio de paradigma, donde el juez gozaba de una íntima convicción, amplia y extensa, a la hora de dictar sentencia, diferente al presente donde lo que prima es la sana crítica o valoración objetiva de las pruebas que en la mayoría de los casos no son recogidas atendiendo a los requerimientos legales del Código en detrimento del proceso penal, y consecuentemente en beneficio de la delincuencia.
La FJT llama al Gobierno a disponer de los recursos que garanticen una mejor implementación del Código Procesal Penal; primero: asignando un salario digno a los miembros de la Policía Nacional, actores fundamentales en el proceso investigativo; segundo: mayor apoyo y respaldo para los fiscales, y, sobre todo, la coordinación entre jueces y fiscales para el mejor desarrollo de los procesos.
"Hoy lo que observamos es un combate campal, encarnizado de jueces y fiscales que aparentemente desconocen sus roles y funciones en la administración de justicia y consecuentemente en detrimento de la lucha contra la delincuencia", dijo.
Potentini pide a la Suprema Corte de Justicia y al Procurador General de la República vigilar y dar seguimiento a la conducta de los jueces y fiscales, en razón de la preocupante corrupción que se ha revelado en esas instancias.
