Buenos Aires.- La justicia va a dar a conocer esta semana el veredicto del juicio oral por el accidente aéreo de la desaparecida empresa Lapa que en 1999 causó 65 muertos en Buenos Aires.
El tribunal federal que lleva la causa leerá, entre el lunes y el martes, la sentencia de este juicio que comenzó hace 23 meses para establecer responsabilidades por lo ocurrido, informaron fuentes judiciales.
El siniestro tuvo lugar el 31 de agosto de 1999, cuando un Boeing 737 de la aerolínea Lapa no pudo levantar vuelo cuando había iniciado la maniobra de despegue, traspasó los límites del aeropuerto de Buenos Aires para vuelos internos, cruzó una transitada avenida y se estrelló antes de ingresar en un campo de golf, donde se incendió.
Como consecuencia fallecieron 60 de los 95 pasajeros que viajaban en el vuelo con destino a la provincia argentina de Córdoba, tres de los cuatro tripulantes y una pareja que iba en un automóvil que arrolló el avión.
Los imputados en esta causa son los ex directivos de la desaparecida línea aérea Gustavo Deusch y Ronaldo Boyd, los antiguos empleados Valerio Diehl y Fabián Mario Chionetti (ex gerentes de operaciones), Gabriel Borsani (ex jefe de la línea 737) y Nora Arzeno (ex jefa de personal).
Entre los acusados están también los ex altos jefes de la Fuerza Aérea Damián Peterson y Diego Lentino.
A quienes ejercían cargos directivos en Lapa se les imputa el delito de "estrago culposo", mientras que los ex oficiales aeronáuticos están acusados de no controlar las condiciones en las que volaban los pilotos de esa compañía.
Para poder emitir el veredicto, el tribunal todavía tiene que escuchar "las últimas palabras" de Peterson y Lentino, con cuyas declaraciones arrancará mañana la audiencia a las 11.00 hora local (14.00 GMT).
Tras escuchar al primero de los dos imputados que restan por declarar, el tribunal decidirá si pasa a un cuarto intermedio hasta el martes o si continúa con el último testimonio, lo que supondría que el veredicto se daría a conocer el mismo lunes por la tarde.
Los representantes de la Asociación de Víctimas, que actúan como querellantes, han solicitado penas de entre dos y quince años de prisión, en función de la responsabilidad de cada uno de los acusados.
