Capitales reclaman participan licitación adquisición refinería

El Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, amplió su posición ante informaciones relacionadas con la venta del 49% de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo, REFIDOMSA.

Lisandro Macarrulla, presidente del CONEP, enfatizó que varios grupos empresariales miembros del Consejo están firmemente interesados en adquirir las acciones en venta de la Refinería.

Esos Grupos de Capital dominicano tienen interés manifiesto de participar, en el marco de lo que establecen las leyes y de acuerdo con lo que disponga el gobierno de la nación en esta materia, en una licitación pública, ya que les asiste todo el derecho a adquirir por las vías legítimas esas acciones, máxime cuando son los empresarios dominicanos los que sustentan la economía del país, mediante el pago de sus impuestos y la creación de puestos de trabajo.

El CONEP considera que no se puede pretender excluir los capitales dominicanos de su participación legítima en cualquier licitación que sobre las acciones de la REFIDOMSA se abra al público, ya que esto es consustancial a la propia economía de mercado y de libre empresa, además del compromiso reiterado que tienen los capitales criollos con el futuro de la República, acotó el Presidente del CONEP, Lic. Macarrulla Tavares.

Se recuerda que el presidente del CONEP planteó al gobierno dominicano que ante la posición asumida por el estado venezolano de desinteresarse en la compra del 49 % de las acciones de REFIDOMSA, lo que se impone es una nueva política respecto al manejo de dicha situación, ya que la misma es crucial para el desenvolvimiento económico de la nación.

Asimismo, dijo que en el marco de esa nueva política, el gobierno debe tomar en consideración al sector privado dominicano, ya que el manejo de una actividad como la de los combustibles, tiene un alto ingrediente de gestión empresarial centrada en la eficiencia, las necesidades de la población y la garantía de un suministro estable.

Además señaló que se impone un replanteo del accionar del gobierno que tome en cuenta al sector privado en un marco de garantía y seguridad a la población.

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