El presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (ANADEGAS), Rafael Polanco, denunció este miércoles la comercialización irregular y sin precaución de combustibles en Constanza, Nagua, Azua y Miches.
Polanco indicó que viene denunciando la situación desde noviembre del año pasado, tras aclarar que han enviado a la Secretaría de Industria y Comercio y autoridades competentes, pruebas y cartas solicitándole la intervención inmediata.
El titular de ANADEGAS sostuvo que las autoridades deben accionar de manera rápida, ya que la incorrecta manipulación del Gas Licuado de Petróleo (GLP) podría provocar una catástrofe, y además de que están evadiendo el fisco y afectando los empresarios de ese sector.
Polanco también demandó del secretario de Industria y Comercio, Ramón –Monchy- Fadul, el cumplimiento de la resolución 73-08, que establece el 10% del margen porcentual al precio que compra el detallista.
Declaró que la asociación ha recibido más de 13 promesas de Monchy Fadul y ante el incumplido, determinaron fijar un día de la próxima semana para tomar acciones dinámicas, a fin de que el gobierno entienda que ese sector no puede seguir operando bajo el actual esquema de precios.
El presidente de ANADEGAS explicó que dentro de las acciones a tomar está la paralización de jornadas de trabajo, tanto en las estaciones de gas como de los camiones de trasporte del combustible.
Con relación al fraude de las envasadoras de gas, dijo que esos negocios no tienen ni siquiera una ley que lo autorice a vender GLP a vehículos, sino a nivel doméstico, por lo que el descontrol que existe es alarmante.
Agregó que esa es una de las razones de porqué a cada rato explota una envasadora y un cilindro, ya que no cuentan con ninguna norma de seguridad.
No obstante, afirmó que es responsabilidad de Pro-consumidor investigar las razones del cierre y posterior apertura de las envasadoras, sin cumplir con los requisitos necesarios para operar.
Con relación a la negociación de la Refinería Dominicana de Petróleo, Polanco favoreció un acuerdo donde el Estado conserve el 50% de las acciones y que un 25% sea vendido a una empresa nacional o internacional con experiencia en el mercado y el otro 25% a la intervención de los clientes de la propia REFIDOMSA.
“Lo que se está previniendo es que la refinería mantenga su clientela, estando dentro del negocio como accionista de la misma”, subrayó.
