A final del los 80´s, las propuestas urbanísticas del movimiento social propugnaron por el mejoramiento barrial y el derecho a la ciudad frente al Plan del Gobierno de Restructuración Social Urbano y Ecológico (RESURE), de los barrios ubicados en la Zona Norte de Santo Domingo. El Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU), era la entidad responsable de justificar “técnicamente” el desalojo de más de 30.000 familias muy pobres, entre La Ciénaga-Los Guandules, Las Cañitas, Gualey, Capotillo y la Zurza.
Los argumentos para oponerse a ese proyecto y a esa Avenida, salieron de la Cátedra de Urbanismo de la UASD: RESURE y la prolongación de la Avenida del Puerto, no tenían ninguna justificación funcional para la ciudad, (mejorar el tránsito y el parque inmobiliario), social-políticamente eran costosísimas (más de 30.000 familias desalojadas) financiero-económicamente (costo-beneficio de la obra e indemnización y/o construcción de alternativas habitacionales) era extraordinariamente irracional y en el plan ecológico, el impacto en los ríos, no era significativo, ya que la contaminación, procedía, de las actividades económicas -aguas arriba- de Santo Domingo y Pantoja (potreros, granjas, pocilgas, aguas residuales de otros asentamientos humanos e industrias farmacéuticas, eléctricas etc.). Difícil era, en ese momento, encontrar un argumento favorable, capaz de convencer de sus “utilidad”. Enarbolamos en ese momento, el mejoramiento urbano a partir de una resistencia popular contra el desalojo y el derecho a la ciudad frente a “esa avenida, caballo de Troya” del capital financiero.
Hoy en día, la OPRET es la que irrumpe en el espacio urbano: con el metro (primera fase y segunda fase) y ahora con la Avenida Perimetral. Con esa actuación urbana, como se predijo, interfiere en la distribución socio- espacial de la población-trabajadora, asalariada o no, produce “nuevos informales” para el mercado laboral, (desalojando), desarticula el movimiento social y sobre todo, libera terrenos e inmuebles urbanos para el capital financiero que invierte en el país por los impactos financieros (renta del suelo). Esa política urbana se complementa con la táctica que viene siguiendo la Secretaría de Medio Ambiente, que libera espacios, declarándolos “áreas protegidas” que lideran el empresariado dominicano, declarando el campesino como los pobres en la ciudad “indeseables por esos predios”.
