Guatemala.- El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, quiere ampliar el mandato y las facultades de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), que se estableció en 2006 para investigar y desarticular a los grupos clandestinos de seguridad infiltrados en las estructuras del Estado.
Al referirse a la posibilidad de ampliar el mandato de la Cicig, cuya misión fue acordada por su Gobierno y la Organización de Naciones Unidas (ONU), Colom dijo creer que la ampliación del mandato debería ser "por lo menos cinco años más", publica hoy la prensa local.
Inicialmente, el mandato de la Comisión, que preside el magistrado español Carlos Castresana, fue para dos años (2007-2009), pero el año pasado fue prorrogado por otros dos y concluye en septiembre de 2011.
Colom especuló con la posibilidad de que además de ampliar su mandato la Cicig también pueda investigar hechos del pasado conflicto armado (1960-1996), aunque reconoció que todavía no existe un planteamiento oficial de su Gobierno ni de las Naciones Unidas en ese sentido.
"Si tuviese que incorporarlos (los hechos del conflicto armado) por mí no hay problema. Justicia es justicia, así que no importa qué tome la Cicig, lo importante es que haya justicia", subrayó.
El presidente reveló que ya ha mantenido conversaciones sobre este asunto con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, con la secretaria de Estado de EE.UU., Hillay Clinton -quien visitó Guatemala el pasado viernes-, y con su ministro del Interior, Carlos Menocal.
"Ya he hablado con Carlos de hacer un proceso de revisión de lo bueno que ha hecho la Cicig", anotó.
Entre los casos más relevantes investigados, la Cicig ha trabajado en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, ocurrido en mayo de 2009, en el que se implicó a Colom.
En la investigación que hizo Castresana se llegó a establecer que Rosenberg planificó su propio asesinato, por lo que el magistrado español desvinculó en el hecho a Colom, su esposa, Sandra Torres, y al secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, quienes habían sido culpados por el propio Rosenberg de cualquier atentado en su contra en un vídeo grabado días antes de que perdiera la vida.
También figura la captura en enero pasado del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo (2000-2004), reclamando por Estados Unidos por lavado de dinero, y la de los ex directores de la Policía Nacional Civil Porfirio Pérez y Baltazar Gómez por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Según Castresana, la decisión de ampliar el mandato y las facultades de la Comisión depende del Gobierno de Colom y de la Secretaría General de la ONU.
Por ahora, dijo en declaraciones a periodistas, la Cicig tiene trabajo para los próximos 18 meses. EFE
