No hay que esperar que el Congreso de los Estados Unidos señale la creciente corrupción que colma las fuerzas de seguridad en la República Dominicana y ponen en riesgo el respeto a los Derechos Humanos en la nación.
Muy hondo ha calado este mal en el país y, encima, cuando se analizan casos de narcotráfico, extraños ajustes de cuenta, discriminaciones, violencia contra mujeres y menores, en muchos casos aparecen nombres de quienes debían estar entre los primeros en la lucha contra estos escándalos.
En el documento del departamento de Estado se denuncia, además, que las fuerzas de seguridad estuvieron "implicadas en asesinatos injustificados y fuera de la ley", y "en excesos en el uso de la fuerza". Ni hablar de las condiciones inhumanas y de violencia de las cárceles, también señaladas en el informe.
Si el año 2008 fue un período en el cual la lucha contra la corrupción se catalogó en franco retroceso; en 2009, hubo que poner nuevas tildes al cúmulo de “avalanchas” en este sentido.
El actual año ha comenzado y prosigue su avance sin vestigios de resultados.
Es muy crítica la situación que se vive y como escribe un lector en estas mismas páginas “(…) La corrupción se encuentra por todas partes, que lamentable. No hay nadie que pare esto.
Sólo el pueblo con su voto soberano puede ponerle un pare a todo este desorden institucionalizado”.
Ese mismo pueblo exige de una vez y por todas, que se aclaren actos como estos, no con mecanismos de “Stop Payment”, ni nada que se le parezca.
La realidad implica transparencia y una voz autorizada que se alce y exija un verdadero “Stop” en acciones fraudulentas y corruptas de este tipo.
¿Se escuchará aún?
