Nunca debe haber punto final en un debate donde las dudas pesan y no quedan claras las ideas.
Es el caso del “barrilito”, donde unos opinan de una manera y otros de forma diferente. Por tal motivo, no resulta nada feliz que el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, declare “cerrado” un análisis que dista de comprensión general, en el sentido de permitir un cobro a los senadores o fondos mensuales que deben ser utilizados para donaciones en sus respectivas demarcaciones.
Las opiniones son diversas: de una parte, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán entiende que dicha estructura “no tiene sentido” y violenta los principios constitucionales del país.
La diputada Minou Tavárez Mirabal y Eduardo Estrella, este último, del Partido Dominicanos por el Cambio, coinciden en que se debe eliminar dicho fondo especial que poseen los senadores.
De otro lado, “el mediador” Monseñor Agripino Núñez Collado, ha defendido “el barrilito”, aduciendo la posibilidad de que los legisladores realicen el bien con esos fondos, que ascienden, como ya se conoce, a unos 19 millones de pesos mensuales aportados por el Estado, para ser empleados en obras sociales.
Otras importantes voces se han alzado al respecto; pero, en verdad sería factible escuchar esa voz que nunca miente y que si refleja transparencia y realidad de una vez. Se trata de la opinión popular: esas mayorías que sufren tantas carencias podrían opinar acerca de si tales barrilitos benefician los problemas de la comunidad y ayudan a mitigar los sufrimientos cotidianos de las familias dominicanas.
Siendo así, y sólo después de esto, podría hablarse de “caso cerrado” en el tema de los “fondos sociales” de los legisladores y su denominado aplicación con carácter de equidad, pero no antes.
