Puerto Príncipe.- Las principales preocupaciones de los haitianos tres meses después del terremoto que asoló Puerto Príncipe y varias poblaciones son la irresponsabilidad del Gobierno, el desempleo, la corrupción y la violencia e inseguridad, informó hoy la ONG Oxfam Internacional.
Un sondeo dado a conocer por la organización puso de manifiesto la poca confianza que tienen los haitianos de su Gobierno. Solo el 6% de los 1.700 encuestados cree que la reconstrucción del país debe estar a cargo únicamente del Ejecutivo de Haití.
Respecto al plan de reconstrucción del país caribeño, los entrevistados señalaron que se debe dar prioridad a la creación de empleo, la construcción de escuelas, garantizar un lugar de cobijo para los desplazados y fortalecer el sector de la agricultura.
El sondeo se realizó en la capital haitiana y en las localidades de Petion-Ville, Delmas, Carrefour y Léogane.
La portavoz de Oxfam, Lara Contreras, reconoció en un comunicado que el Gobierno central sufrió serios daños y bajas tras el terremoto "y eso le ha impedido en un primer momento hacerse cargo con eficacia de las víctimas del seísmo".
En ese sentido, destacó que "Haití necesita una reconstrucción a largo plazo y un plan sostenible para ello. La única manera de lograrlo es contando con un Estado fuerte y responsable".
"Los haitianos no quieren depender de la ayuda, quieren valerse por sí mismos y ser ellos los responsables de sacar a sus familias y a su país de la pobreza. Por ello priorizan el empleo y la educación", aseguró Contreras.
Oxfam Internacional exhortó hace unos días al Gobierno a garantizar la dignidad, la seguridad y el respeto de los derechos humanos de los desplazados que sean desalojados de los asentamientos espontáneos y reubicados en nuevos campos.
La petición surgió después de que el Gobierno adelantara su decisión de reubicar a 7.500 desplazados del campo de Petionville en la zona de Corail Cesselesse, 15 kilómetros al norte de Puerto Príncipe, lo que hizo que varias ONG internacionales tuvieran menos tiempo para realizar las consultas pertinentes a la población afectada para satisfacer sus necesidades.
"En un futuro, estas decisiones deben tomarse con más tiempo. El Gobierno y la comunidad internacional deben asegurar que son acordes con los principios humanitarios y que se garantiza con ellas la seguridad y los derechos humanos de los afectados", dijo Lara.
