La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) advirtió que de aprobarse el proyecto que pretende modificar la Ley de Alquiler 4314 habrá un impacto directo sobre los bolsillos de los inquilinos de viviendas.
Pedro Pérez González, presidente de la ONEC, dijo que los efectos serán los mismos en los gastos operacionales de establecimientos comerciales o industriales alquilados, y por ende de manera indirecta en los niveles de precios de los productos de consumo.
Aseguró que de ser aprobado éste proyecto se encarecerá en un 8.3% el costo del arrendamiento, equivalente a un mes por año de contrato, para los propietarios e inquilinos, debido a que esto viene a representar un impuesto adicional a los alquileres de viviendas y locales comerciales.
Recordó que fue el 14 de enero del año en curso cuando el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional el Proyecto de Ley que propone modificar la Ley de Alquiler 4314, a su vez modificada ya por la Ley 17-88, el cual persigue capitalizar al Banco Agrícola aumentando su captación de recursos por concepto de los depósitos o sumas adelantadas por los inquilinos de viviendas, locales comerciales y otros tipos de inmuebles.
Destacó la necesidad e importancia de promover y apoyar el sector agropecuario, pero no en base a subsidios cruzados entre sectores económicos independientes.
“Por principios, es improcedente que se pretenda subsidiar a un sector de la economía sobre la base de perjudicar a muchos otros sectores tales como el inmobiliario, comercial, industrial, entre otros, así como a la población que paga alquileres”, dijo el presidente de la ONEC.
La ONEC entiende que el Proyecto de Ley desconoce el propósito original de los depósitos que es garantizar el pago de la renta y la rentabilidad del propietario, ante la eventualidad de que el inquilino incurra en atrasos, asegurar el buen uso del inmueble y devolverlo en las mismas condiciones en la que fue entregado, además de devolverle los depósitos oportunamente al inquilino al finalizar el contrato, subrayó Pérez González.
El empresario dijo que la modificación de la Ley de Alquiler tendrá además un impacto negativo sobre el sector inmobiliario, ya que desincentiva los contratos y negociaciones de alquileres a largo plazo, al crearle presión al propietario y al inquilino de tener que depositar un mes por cada año del contrato al momento de la firma.
En ese sentido, agregó que con el fin de evitar este costo se fomentaría aun más la informalidad y falta de transparencia en este tipo de negociaciones, repercutiendo de manera negativa sobre las recaudaciones de impuestos y los esfuerzos que para lograr una mayor eficiencia viene desplegando la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Entre otras posibles implicaciones del proyecto, el presidente de la ONEC citó que no establece un plazo para la devolución de los depósitos de alquiler al propietario o al inquilino, lo que pude ser un motivo de conflicto entre los inquilinos y propietarios, y sin lugar a dudas perjudicaría a los inquilinos que a fin de cuentas deben recibirlos de vuelta si cumplen con el contrato.
También si el propietario no deposita en el BA el contrato los servicios sujetos a esta nueva regulación (teléfono, agua, luz) no podrán ser contratados por el inquilino. Esto representaría un obstáculo a las empresas prestadoras de servicios, consecuentemente afectaría sus niveles de operaciones y por tanto de sus contribuciones al fisco. Igualmente el Inquilino podría confrontar dificultades para recibir estos servicios.
Asimismo, el proyecto de Ley exige unas formalidades adicionales para deducir el gasto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las ya consignadas en el Código Tributario (NCF), agregando más pasos y documentación a los mecanismos existentes. Esto conllevaría mayores costos procedimentales y podría complicar tanto los procesos que hasta por agotamiento incentivaría la informalidad porque “de tanto apretar la tuerca se corre el tornillo”.
Igualmente, el inquilino no podrá deducirse el gasto del ISR si ha habido incumplimiento por parte del propietario del depósito en el BA. De manera que el inquilino podría verse afectado por el inclumplimiento del propietario, lo que sería un potencial generador de conflictos y consecuentemente afectaría estas operaciones inmobiliarias.
