La violencia contra los niños, niñas y adolescentes constituye tema que preocupa a un gran número de naciones en el mundo y, específicamente, en la República Dominicana resulta un hecho de relevancia ante el cual no acaban de aparecer soluciones definitivas.
Es en verdad algo muy triste, pero real, que muchos menores resulten aprendices de delincuentes y hasta ejecuten actos criminales como los que se han visto en los últimos días en el país. Tampoco es incomprensible que estos episodios, unidos al incumplimiento de inversiones en escuelas y cómo ocupar el tiempo libre de niñas, niños y adolescentes, haga de estos, primero víctimas de individuos inescrupulosos que les utilizan en las más viles formas y luego victimarios capaces de cometer las más grandes atrocidades.
El Cardenal Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez y otras voces del país han propuesto la modificación del Código del Menor, debido a las transgresiones que han protagonizado, precisamente menores, como el crimen de los siete taxistas.
Según López Rodríguez, es necesario que se reforme con urgencia el Código del Menor para enfrentar situaciones tales. Sin embargo, como también apunta el prelado hay que ver quiénes están detrás de estas ejecuciones criminales.
Especialistas en el tema han dedicado estudios profundos a la manera en que aún anda “coja” la Ley 136-03, o Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes en la sociedad dominicana, que si bien provee de un marco legal para la protección de los derechos de esta importante y vulnerable capa poblacional, aún adolece de aspectos requeridos para su cumplimiento.
Los especialistas llaman a reflexionar en torno al tema la violencia infantil y las alternativas de prevención. El Cardenal entiende que esos crímenes se deben a las pérdidas de valores que hay en la sociedad, y señala a las autoridades como culpables, por las impugnaciones que se ven a diario.
Pero, obviamente, el asunto es más complejo: familia y sociedad están dejando brechas profundas en la formación de estos seres, agudizado todo esto por la carencia de políticas estatales y mecanismos que incluyan a todos los factores implicados en el desarrollo de las futuras generaciones.
No se trata de modificar el Código y castigar a los pequeños sin piedad. Más allá, habría que sancionar muy fuerte a quienes tienen el poder, el dinero, las posibilidades y dejan al pairo a los que ahora deambulan por las calles, a la vista de todos y todas.
