DominicanosHoy publica en sus páginas la condena de 10 y 15 años de reclusión, impuesta por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a narcotraficantes hallados culpables de tráfico ilícito de cocaína.
Sin embargo, en los días que corren, supuestos delincuentes vinculados con el narcotráfico han sido apresados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), incluyendo en la detención gran cantidad de porciones de estupefacientes, y una vez en manos de fiscales para ser sometidos a la justicia, han sido puestos en libertad mediante garantía económica, según decisiones de determinados jueces.
Lo incongruente en tales hechos es que en muchos de los casos dados a conocer por la prensa, las investigaciones revelan sus nexos con el ilícito negocio y aunque se afirma que no se debe cuestionar la decisión de un juez, quien puede “liberar a alguien o enviarlo a prisión”, según las atribuciones conferidas por el Código, tal y como aseguró el vocero de la DNCD, Roberto Lebrón, también es verdad que son ya muchos los ejemplos de quienes son puestos en libertad, tras ser sometidos y, sin embargo, después se comprueba que fue un error dejarlos ir, pues, sencillamente, no aparecen, ni responden por su responsabilidad ante el delito.
La sociedad dominicana enfrenta las consecuencias del narcotráfico, multiplicadas sus consecuencias en violencias y hechos criminales que se multiplican a lo largo y ancho del territorio nacional.
Es cierto que se desmantelan redes, son creadas comisiones- de las que aún se esperan resultados-, y se ejecuta una multiplicidad de acciones contra el tráfico ilícito; pero, sin duda, el mal sigue calando hondo y sus protagonistas, en ocasiones, liberados sin responder como debe ser en tales casos.
