Más de 60 auditores cancelados de manera sorpresiva por la Cámara de Cuentas revelaron este martes que ese organismo privatizó las auditorias, contratando firmas particulares para realizar el trabajo de inspección, y triplicó el número de militares que laboran en la institución.
Los auditores, despedidos el pasado 25 de febrero, declararon que cuando Licelot Marte de Barrios llegó a la Cámara de Cuentas, el 31 de diciembre del 2008, había 103 militares y esa cantidad ha sido triplicada.
Sin embargo, dijeron que de 345 auditores que Marte de Barrios encontró a su llegada a la Cámara de Cuentas, canceló 201 de las diferentes regionales, luego 100 y ahora 60.
Domingo Reynoso uno de los auditores cancelado y que ha trabajado durante 28 años en la administración pública, sostuvo que en la actual Cámara de Cuentas hay más militares que auditores, ya que de estos últimos sólo quedan 160.
Asimismo, Indicó que las auditorias que actualmente se practica a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales (CDEEE), la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la está realizando una empresa privada elegida por los funcionarios de la Cámara de Cuentas.
Reynoso atribuye a esa situación, las cancelaciones masivas y sin ninguna justificación contra los auditores del organismo, y exige a la Cámara de Cuentas especificar las causas de sus despidos, ya que estaban laborando en las aéreas asignadas.
Entiende que cualquier institución tiene el derecho de cancelar a un empleado cuando estima que puede prescindir de su servicio o contrato, pero siempre debe regirse por las leyes, lo que no estarían haciendo los actuales jueces de ese organismo.
Explicó que de acuerdo al artículo 84 de la Ley 4108, que crea el Ministerio de Administración Pública y Personal, para cancelar a un empleado, debe de haber falta de tercer grado, y a ninguno de los cancelados se les notificó las razones y menos se les ha entregado las prestaciones laborales.
Reynoso, quien también se desempeña como catedrático de la Universidad O&M, precisó que según el artículo 62 de la citada ley, las instituciones del Estado tienen quince días para hacer entrega de las prestaciones laborales, pero ya ha pasado más del tiempo establecido y no reciben ninguna respuesta.
“Marte de Barrios está alegando que yo no tengo capacidad para ejercer mi carrera, como forma de desprestigiarme, pero yo reto a cualquiera para que me examine de lo que sea y compruebe mi capacidad”, afirmó el auditor.
Reynoso sostuvo que fue él quien realizó la auditoria del edificio de la Suprema Corte de Justica y del Fondo de Pensiones, que permitió en esta última institución, descubrir un fraude millonario. Manifestó que le canceló en una reunión a la que se les convocó con fines de trabajo
