La empresa encargada de levantar la edificación del complejo hospitalario “Ciudad de la Salud”, en Santo Domingo Norte, no es una compañía constructora, y levanta el proyecto sin que Obras Públicas apruebe los planos correspondientes.
La situación se revela en un sometimiento a la justicia, hecho contra un ingeniero y los constructores del complejo hospitalario por ante la Fiscalía del Distrito Nacional.
Agrega que los ingenieros y las compañías que construyen el citado complejo modificaron de forma ilegal los planos de la obra, sin en el consentimiento del arquitecto que la diseñó.
El sometimiento fue hecho por el arquitecto Marcos Cesar Núñez Muñiz y la empresa Arq Tec, S.A contra el ingeniero José Ramón Brea y las empresas Carimex Inc, Carimex Llc, Carimex E Ibt Internacional, Ibt Internacional Business And Trades S.A y su Concesionario en Republica Dominicana.
Los abogados del querellante son Yáskara Vargas Flores, Manuel Sierra y los doctores Jacqueline Salomón de Reynoso, Pedro Reynoso y Martha del Rosario, quienes afirman que las empresas demandadas juntamente con José Ramón Brea, no tienen permiso para construir, sino para la venta e importación de medicina.
El arquitecto Núñez Muñiz y la empresa Arq Tec, S.A afirman en su querella que el ingeniero José Ramón Brea y sus empresas le modificaron sin su consentimiento los planos elaborados para la construcción de la Ciudad de la Salud.
Sostuvieron los demandantes que con la modificación, el ingeniero Brea y las citadas compañías lograron la aprobación de varios préstamos internacionales dónde el Estado dominicano sirve como garante.
Precisaron que no se explica como es posible que el Estado se haya comprometió con la banca internacional, para que unas compañías que no son constructoras estén construyendo hospitales en el País, lo que debe ser investigado por el Congreso Nacional, quien aprobó el prestamos por varios millones de dólares.
Según el querellante, Núñez Muñiz lo grave del caso es que de los cinco hospitales de la Ciudad de la Salud, hay uno en condiciones de inauguración, no obstante, a que los planos no han sido aprobados por Obras Públicas.
Sostiene que es Obras Públicas quien tiene que firmar los planos y nunca lo ha hecho, lo que constituye un peligro público, si este hospital traumatológico comienza sus operaciones en esas condiciones.
La querella se fundamenta en las disposiciones de los Artículos 2, 6, 7, 14, 17, 19,20, 30, 43 Y 169 de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor.
