La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) condenó la agresión de que fue objeto el equipo de El Informe con Alicia Ortega, al ser tiroteado por un grupo de hombres que protegían un camión cargado de electrodomésticos de la Lotería Nacional en el Centro de los Héroes, con dirección a la provincia de La Romana, de donde es el administrador de la entidad oficial, demarcación que su esposa representa como senadora y aspira a reelegirse.
La entidad anticorrupción denunció que “los fondos de la Lotería Nacional, están siendo utilizados por su administrador Enrique Martínez, para financiar a los candidatos del partido oficial a las diferentes posiciones congresuales y municipales”.
El Coordinador General de ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio, fundamenta su denuncia en la entrega de electrodomésticos que en todas las actividades proselitistas de los candidatos, estos hacen la entrega personalmente en nombre de la administración de la Lotería, participando su administrador en algunos de esos repartos, específicamente en la provincia de la Romana, como pudieron comprobar los observadores de esa entidad.
“Esta no es una práctica nueva de Enrique Martínez, pues en enero denunciamos que este señor se dio a la tarea de entregar juguetes adquiridos con fondos de la Lotería a senadores de la región este, destacándose la entrega de furgones a su esposa senadora y candidata, donde realizo una fiesta con una inversión millonaria”, afirmó De la Rosa Tiburcio.
ADOCCO destacó que el administrador de la Lotería le hizo entrega al director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, OTTT, la suma de tres millones de pesos, para la adquisición de cascos protectores con el pretexto de entregárselo a motoconchistas, cuando la realidad es entregarlo a cambio de la participación de estos en las caravanas de los candidatos.
Manifestó que está acción del administrador de la Lotería Nacional viola la ley orgánica y disposiciones contenidas en decretos, sobre el uso de los recursos que genera la entidad, por lo que estamos al frente de un malversador de los fondos puestos bajo su responsabilidad, por lo que será llevado a la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA).
