Dentro de pocos días los dominicanos concurriremos a las urnas a fin de expresar nuestras voluntades y preferencias, qué bonito fuera si lo hiciéramos dentro de un ambiente de equidad y transparencia, pero muy por el contrario asistiremos a un certamen con las mayores desigualdades que se hayan visto en el período post dictadura.
Las elecciones que culminaran el 16 de mayo sólo se me parecen a las celebradas en 1974, en las cuales el régimen del Dr. Balaguer impuso por la fuerza y el chantaje estatal la retirada de las candidaturas de la oposición.
Recuerdo con tristeza cómo el Acuerdo de Santiago después de dar grandes demostraciones de adhesión como fue la gran concentración de noviembre del 1973 en el Estadio Cibao, tuvo que retirarse, aun con la seguridad de que las grandes mayorías estaban por salir de la pesadilla balaguerista porque las fuerzas armadas y las bandas armadas del régimen lo impedían, a lo cual también se agregaban ciertas vacilaciones de sectores opositores que no concebían el triunfo de los aliados PRD, MPD, PQD y otros, tal vez por mezquindades, o porque solo si ellos desplazaban a Balaguer era correcto, no así si ello era el producto de los esfuerzos de otros sectores.
En los actuales momentos la nación dominicana observa un desborde de los límites del manejo de la cosa pública a favor de los candidatos oficialistas, las denuncias sobran en relación al uso indiscriminado de los recursos del Estado: ya sea la tarjeta solidaridad, los materiales de construcción, el asfalto, los ascensos, nombramientos, dinero efectivo, contratas de construcción o compras y una infinidad de formas de corromper la voluntad del votante para el próximo 16 de mayo.
La Junta Central Electoral ha recibido diversas denuncias, pero este organismo parece sin fuerzas para aplicar medidas, además de que no se puede esperar mucho del mismo si se toma en cuenta su composición, misma que resulta del hecho de haber convertido a dirigentes políticos o ex funcionarios en jueces, a todo lo cual se suma el afán de figureo y de búsqueda de millones de pesos en comisiones, ya en compras de bienes y servicios, ya en canastas navideñas o en cualquier otra forma de corrupción.
La forma abusiva en que los funcionarios públicos vienen utilizando los recursos del Estado nos indica el desprecio hacia las normas que los propios violadores acaban de proclamar el pasado 26 de enero, esto se comprueba al leer el contenido del articulo 115 de la Constitución , el cual dispone que, “El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación , la marginalidad , la vulnerabilidad y la exclusión”.
Las formas desiguales como vienen desarrollándose las competencias electorales son un mentís a las disposiciones contenidas en la constitución recién estrenada, las violaciones no sólo se producen con relación al artículo señalado, sino que también nos encontramos con el hecho de que la parte relativa al Derecho a la Igualdad , contemplada en el artículo 39 se viene hacia abajo. Esta norma dispone que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad,….”.
Cómo podemos hablar de igualdad en un proceso en el cual los bienes y medios de que dispone el sector público están al servicio de los candaditos del partido que ejerce el control de las instituciones publicas, además de que mantiene a una buena parte de las empresas y entidades privadas bajo el fuego del chantaje o amenazas de ponerle trabas u obstruirle su funcionamiento si denuncian los males o contribuyen con los sectores que se oponen al desorden generalizado. Un ejemplo de las actitudes gubernamentales contra las entidades de la sociedad civil lo constituye la forma en que funcionarios públicos responden los cuestionamientos de entidades como Participación Ciudadana, a la cual en un periodo le celebraban sus acciones de denuncias y lucha por la transparencia, pero en la actualidad la etiquetan y tratan de ridiculizar sus acciones contra los males del gobierno.
El fraude de la actualidad se observa con una gama de aristas, ha dejado de ser el tradicional, aunque en ocasiones reaparece con viejas modalidades como: la dádiva en efectivo, la receta médica, la hoja de zinc, la funda de cemento, la promesa de trabajo o el trabajo en si, la funda de comida, la compra de personas, entre otros métodos tan criticados al Dr. Balaguer, pero que hoy se reestrenan con mas fuerza que en aquella época al parecer sólo superada en el aspecto físico, no así en el cultural.
En otras ocasiones la nación dominicana ha sabido imponerse al chantaje y manipulación, ha tomado la fundita, el dinero, el empleo y otras formas de compra de votos y optado por opciones diferentes a las fraudulentas o chantajistas.
Sobra decir que una victoria obtenida como consecuencia del fraude tiende a nacer invalida de legitimidad, pues ella parte de acciones impropias de un régimen que se reputa democrático, es decir, de algo que tiene reglas claras y deben ser cumplidas. El “triunfo” que surge de elecciones en las cuales la voluntad del ciudadano esta limitada a los supuestos favores del gobernante es un fraude y solo debe traer dos consecuencias: la ilegitimidad del “ganador” y la rebelión del pueblo engañado o timado por la acción fraudulenta. En definitiva, todo lo anterior explica por qué, el fraude quita legitimidad.
