Una vez más, como Poncio Pilatos, la justicia dominicana se prepara a lavarse las manos en el expediente de Ramón Antonio del Rosario, alias “Toño Leña”, en caso de que se decida dar luz verde al proceso de extradición que aprestan las autoridades federales de la vecina isla de Puerto Rico, en contra del presunto narcotraficante, quien se encuentra preso esperando juicio en una cárcel del país.
Fue un Gran Jurado en Puerto Rico el que presentó tres cargos de narcotráfico contra Toño Leña, porque según la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, todos los cargos por delitos federales se deben aplicar mediante una acusación formal emitida por un gran jurado, incluidos los cargos federales por drogas.
Ateniéndose a esto, la Fiscalía puertorriqueña ha radicado su acusación, e incluso ha planteado que “la “República Dominicana cedió la jurisdicción del caso”, como publicaron algunos de los diarios de la llamada Isla del Encanto.
Habría que recordar que “Toño Leña” se encontraba prófugo de la justicia dominicana, que lo había acusado de ser la mano derecha en el país del fugitivo José David Figueroa Agosto, y que era él quien supuestamente se encargaba de la recepción de los cargamentos de droga en la región Este de la República Dominicana.
Atrapado en Venezuela el pasado 6 de mayo en el Aeropuerto Simón Bolívar, en Venezuela, mientras se disponía a tomar un vuelo hacia Colombia con una identidad falsa, “Toño Leña actualmente guarda prisión en la cárcel de Monte Plata.
Sin embargo, luego de tantos esfuerzos para arrestarlo, ahora, simplemente las autoridades dominicanas manifiestan de nuevo su disposición a ceder su espacio juridisccional para que un delincuente dominicano sea juzgado en otro país.
Claro, que ante esta posibilidad hay unos cuantos que se frotan las manos.
Por un lado, la partida de “Toño Leña”, constituiría un indiscutible respiro para los febles magistrados dominicanos, que se encontrarían bajo
una indescriptible presión desde todas direcciones, pero también respirarían aliviados todos aquellos que se sienten amenazados por las declaraciones de Del Rosario Puente, que en no pocas ocasiones ha advertido que tiene nombres y nombres para mencionar, en caso de ser llevado a juicio.
Con esta decisión, la justicia dominicana vuelve a irse de viaje, sin parar mientes en las expectativas de toda una nación que aspira a tener, por fin, un verdadero Estado de Derecho.
