Tegucigalpa.- Al cumplirse hoy un año del golpe de Estado a Manuel Zelaya, Honduras sigue sumido en la crisis abierta por ese derrocamiento y persiste el antagonismo entre quienes apoyan el golpe y quienes lo rechazan.
La división de la sociedad hondureña sigue igual desde el 28 de junio de 2009 -cuando tuvo lugar el golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya-. Por un lado está el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que exige una Constituyente y el regreso sin condiciones del ex mandatario, y, por el otro, los que apoyaron su derrocamiento.
Para el analista y director de la Agencia Audiovisuales y Análisis de Prensa, Manuel Torres, "el país sigue sumido en el golpe de Estado aunque haya un nuevo presidente", Porfirio Lobo, quien asumió el poder el 27 de enero pasado, cuando Zelaya debía concluir su mandato de cuatro años.
Lobo fue electo en los comicios del 29 de noviembre de 2009, a los que los hondureños fueron convocados un mes antes del golpe que sacó a Zelaya del poder y del país.
Torres considera que el problema estriba en que a un año de la separación de Zelaya del poder "los principales protagonistas (de ese hecho) permanecen" en cargos de Gobierno y "al analizar el panorama político-social" persiste "el antagonismo entre quienes apoyan el golpe y quienes lo rechazan".
En ese sentido, un año después del golpe, que desató la peor crisis política desde que Honduras retornó a la democracia en 1980, lo más visible en uno de los países más pobres del continente es la división de su sociedad.
De esa división no escapa el FNRP, que rechaza y acusa a algunos de los más cercanos colaboradores de Zelaya en su gobierno de haberlo traicionado y afirma que lo acompañaron solamente por un empleo.
El mismo Partido Liberal que llevó al poder a Zelaya se fraccionó en pedazos con corrientes que apoyaron el golpe de Estado y otros que lo condenaron, pero que se han declarado "Liberales en resistencia" sin ser miembros del FNRP, aunque apoyan la instalación de una Constituyente y aspiran a retornar al poder.
El coordinador del FNRP, Juan Barahona, considera que el golpe de Estado dejó como elemento positivo el resurgir de una resistencia popular a nivel nacional que no es partido político, en el que diversos pensamientos coinciden en la necesidad de una Constituyente, para lo que está en marcha la recaudación de más de un millón de firmas.
Para Honduras, un país marcado por un bipartidismo tradicional, la pobreza, deficientes sistemas de educación, salud y justicia; con altos índices de desempleo y crecimiento demográfico; inseguridad y una corrupción galopante, la crisis política por el golpe a Zelaya solamente agudizó una precaria situación que ya existía en el país.
Zelaya había recibido el país en una situación económica con un relativo alivio por la condonación de más del 60 por ciento de una deuda externa que a mayo de 2005 superaba los 5.000 millones de dólares.
El alivio de la deuda suponía que los cuatro años de la Administración de Zelaya, que debieron concluir el 27 de enero pasado, reducirían los niveles de pobreza y habría mayor inversión social.
Pero a un año del golpe de Estado, según diversas fuentes, el país tiene una deuda externa que supera los 3.000 millones de dólares, la pobreza se ha incrementado, lo mismo que la violencia, el crimen organizado, el narcotráfico y otros flagelos.
En materia de educación, la situación también es precaria porque los estudiantes del sector público casi no reciben clases porque un buen sector de los maestros mantiene paros exigiendo conquistas sociales y en apoyo con marchas al FNRP.
El panorama económico para este año es desesperanzador porque el crecimiento apenas llegará al 1,5 por ciento, según el titular del Foro Social de Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), Mauricio Díaz, aunque fuentes del Gobierno de Lobo afirman que oscilará entre el 2,2 y 3,2 por ciento.
El presidente Lobo ha alcanzado algunos logros en lo político con el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares con 86 de unos 103 países con los que Honduras ha tenido esos vínculos, mientras que organismos financieros internacionales le han ofrecido importantes desembolsos a partir de este año.
Sin embargo, varios países latinoamericanos aún no reconocen al Gobierno de Lobo por considerar que surgió de unas elecciones celebradas en un marco de ruptura constitucional por el golpe de Estado.
Pero, lo más difícil para el actual mandatario es la reconciliación de la sociedad hondureña, que sigue dividida entre "resistencias" y "golpistas".
Sobre esto, el dirigente sindical Carlos Reyes, quien después del golpe fue víctima de brutalidad policial en una manifestación y después renunció a una candidatura presidencial para las elecciones de noviembre, asegura que el peor crimen que se puede cometer es "olvidar lo que ha pasado".
