Tegucigalpa.- El Ministerio Público de Honduras está dispuesto a solicitar medidas cautelares sustitutivas de prisión para el ex presidente Manuel Zelaya en caso de que decida regresar al país, a fin de que pueda declarar en libertad sobre las causas que tiene pendientes.
El portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte, indicó a Efe que si Zelaya volviera tendría que "presentarse de inmediato a los tribunales y el Ministerio Público pediría las medidas sustitutivas para que sea escuchado en libertad en las siguientes etapas del proceso", en las causas que tiene pendientes con la justicia.
Duarte se refirió a las medidas que favorecerían a Zelaya luego de que el fiscal general del Estado, Luis Rubí, anunciara en un comunicado que se ha "procedido al archivo administrativo de los expedientes investigativos" de los delitos contemplados en la amnistía aprobada en enero pasado.
En lo que respecta a los delitos excluidos por el decreto de amnistía, Rubí dijo, sin citar a ninguna persona en particular, que el Ministerio Público ratifica a los sospechosos de delitos en cuestión el respeto a los principios de estado de inocencia, debido proceso y a ser escuchados en libertad.
"El Ministerio Público enfatiza el cumplimiento de su obligación ineludible de ejercer de oficio las acciones penales como parte de buena fe y asimismo velar por el respeto de los derechos y garantías que correspondan a los investigados, en cumplimiento de las obligaciones que le establece la Constitución y las leyes", dice el comunicado.
La fuente subrayó que el archivo de expedientes anunciado por Rubí ampara a Zelaya, pero no incluye "delitos por fraude y falsificación de documentos", que salpicaron al ex presidente y varios de sus más cercanos funcionarios, porque no los abarca la amnistía.
Zelaya fue depuesto por un golpe de Estado el 28 de junio de 2009 cuando impulsaba una consulta popular para reformar la Constitución, pese a tener impedimentos legales.
Contra Zelaya y varios de sus ministros pende orden de captura por varios presuntos delitos. Algunos de sus más cercanos colaboradores ya se han presentado a los tribunales de justicia en Tegucigalpa, donde se les dictó medidas sustitutivas de prisión.
Desde el 31 de julio de 2009, un mes después del golpe de Estado, hay orden de captura contra Zelaya y otros de sus funcionarios por falsificación de documentos, abuso de autoridad y fraude por la emisión irregular de un decreto para pagar 27 millones de lempiras (1,4 millones de dólares) en publicidad.
Zelaya tiene otra orden de captura por delitos contra la forma de Gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de poderes, relacionados con la consulta popular que intentó celebrar el 28 de junio de 2009, cuando fue derrocado.
El ex presidente reside en República Dominicana desde el 27 de enero pasado, cuando salió de la embajada de Brasil tras permanecer allí cuatro meses.
