En el país se conversa sobre el polémico tema del alza de los combustibles y lo que significará esto para el costo general de los productos de primera necesidad, el incremento de los pasajes y por su repercusión social en todos los sentidos de la vida pública.
Entre quienes han opinado al respecto está el ex presidente de la República, Hipólito Mejía, quien advirtió que un nuevo aumento del impuesto a los combustibles generaría una “catástrofe social”.
Pero, no es sólo Mejía quien habla en este sentido sobre el tema y aunque el ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, justifica la modificación del anteproyecto de Ley en virtud de ayudar con el déficit fiscal que por tercer año registra el gobierno, economistas, políticos, líderes de organizaciones, sindicalistas y pueblo en general difieren de esta decisión que a todas luces perjudica, aún más, a la mayoría necesitada.
Ya se llevan a cabo llamados a la población para salir a la calle y protestar ante las reformas impositivas y cuanto tiene que ver con los aumentos de los combustibles, como es el caso de Ramón Pérez Figuereo, presidente de la Unión Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), quien aseguró que el ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, “estaría tratando de secuestrar la Ley de Hidrocarburos (112-00) y de disfrazar los intentos del Gobierno por aumentar los impuestos a los combustibles”.
Pérez Figuereo concluye que ni los choferes ni el pueblo van a poder resistir nuevos gravámenes.
Por su parte, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, también ha vertido su criterio en esta dirección, con la posible alza en el impuesto a los combustibles que, a todas luces deviene el más caro del mundo.
Los empresarios también están preocupados porque, según afirman, “el erario público no puede seguir dependiendo de un sector formal que cada día es más pequeño y que está gravado en un 30% del total de sus ingresos”.
De manera que son muchas las cosas que hay que revisar en el acontecer nacional y en este aspecto, específicamente, merece que se detengan las autoridades competentes para impedir que la vida cotidiana siga ahogando a las familias dominicanas.
