Juan Ignacio Espaillat, ex presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas), deploró que los empresarios que acudieron el lunes a una reunión con el presidente Leonel Fernández, lo que hicieron fue “negociar otros asuntos” a cambio de aceptar de la indexación.
“Esa reunión de ayer en el Palacio Nacional buscaba garantizar que continúen en la calle combustibles exonerados” que favorece a empresas, afirmó Espaillat. El dirigente de Anadegas advirtió que con la indexación de los impuestos a los combustibles se provocará una espiral inflacionaria, porque cada vez que sube el precio, suben los impuestos y cuando suben los impuestos, sube el precio que deben pagar los adquirientes.
“La indexación es un desastre en cualquier economía. No debiera estar en la ley”, expresó Espaillat durante una entrevista en El Bulevar con Pablo McKinney, programa matutino de televisión.
Advirtió que cuando un gobierno somete a un producto como los combustibles a ese incremento de costos, “se le lleva al colapso. Es una cadena hasta llegar al infinito. Hay que eliminarla”.
Consideró que si el gobierno quiere más recursos para impulsar sus proyectos y obras, “debe estudiar cada año y si es factible aumente los impuestos”, pero no debe hacerlo con un producto que como los combustibles multiplican la inflación cuando son incrementados los precios.
Espaillat confesó que como dirigente de Anadegas “esa cláusula se nos escapó cuando se discutió la Ley 112-00 en el año 2000”, que fue un proyecto elaborado en el gobierno de Fernández y la promulgó el de Hipólito Mejía.
Expresó que se necesita una nueva ley que elimine la indexación y mantenga los aspectos positivos que tiene.
Contrato de la Refinería
Espaillat deploró que el contrato de venta del 49% de las acciones del Estado en la Refinería Dominicana de Petróleo se aprobara sin discusión y sin debate en la Cámara de Diputados, lo que lo convierte en ley.
Afirmó que el proyecto no fue discutido con nadie y que permaneció “secuestrado” en el Congreso, ignorando a los sectores que tienen intereses que defender.
“Venezuela no tiene combustibles terminados suficientes” para enviar al país, dijo Espaillat, quien sin embargo reconoce que tiene petróleo, pero la refinería dominicana tiene a su vez limitaciones para refinar.
Consideró que el otorgamiento mediante contrato de derechos de distribución y comercialización de hidrocarburos en el país “va a destruir al sector que está en el mercado”, porque esa empresa no pagará impuestos.
Asimismo, dijo que la nueva empresa dominico-venezolana puede “hacer carreteras, puentes, generación eléctrica, puertos, aeropuertos y negocios de cualquier naturaleza”.
Espaillat informó que los dirigentes de Anadegas van a esperar que la Refinería “comience a violar los derechos” para invocar la inconstitucionalidad de la ley que aprueba el contrato.
Reconoció que durante la administración de la Refinería por parte de la Shell Company “año por año presentaba beneficios por 300 millones” de pesos y cuando pasó a ser administrada por el Estado dominicano la misma empresa ganó 2,000 millones de pesos en un año.
