La empresa Alfredo Paula & Asociados, S.A. y su presidente Alfredo Paula Batista, demandaron al señor Ramón Rivas, ex administrador de la Lotería Nacional y actual Director de la CAASD, por treinta millones de pesos por los daños y perjuicios que le habría ocasionado el funcionario.
La empresa demandante, no obstante haber ganado una licitación pública para la estructuración de un sistema de información geográfico contentivo del levantamiento y ubicación cartográfico-digital de todas las bancas de loterías que operaban legal e ilegalmente en el país, alega haber sido perjudicada por Rivas, quien le habría suspendido arbitrariamente el contrato suscrito con la Lotería Nacional.
La audiencia que conocerá el proceso está fijada para el 16 de noviembre ante la Primera Sala de la Cámara Civil del Distrito Nacional, y figuran también como demandados Peralta Bido & Asociados y Nextmedia Dominicana, que de acuerdo con la demanda se prestaron a realizar una supuesta auditoria técnica financiera a los trabajos hechos por la demandante en presunta violación a los términos de referencia de la licitación en virtud de la cual resultaron contratadas.
La demanda aduce que el informe final de dicha auditoria debió levantarse ante representantes de los colegios de Contadores Públicos Autorizados, de Notarios, de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores y el de Abogados, los cuales habrían certificado que nunca la Lotería Nacional solicitó su participación. La Lotería Nacional, bajo la administración de José Francisco Peña Guaba, certificó que dicho informe, del que se habría valido Rivas para justificar su decisión, nunca fue realizado ni entregado.
Los demandantes, quienes tienen como abogados a los doctores Julio Cury y Manuela Ramírez, le imputan a Rivas la premeditada intención de hacerles daño, para lo cual incurrió en la arbitrariedad e ilegalidad de suspenderle el contrato que habían suscrito con la Lotería, haciéndose de ese modo civilmente responsable en virtud del artículo 148 de la Constitución que dispone que los funcionarios responden conjunta y solidariamente por los daños y perjuicios ocasionados por sus actuaciones administrativas.
