Santiago.- La fiscal de Santiago, Jenny Berenice Reinoso, consideró este jueves desafortunada la variación de la medida preventiva a los involucrados en el fraude de unos RD$100 millones de la Dirección General de Aduanas.
Reinoso dijo que la decisión de la Sala Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de variar la medida de coerción que pesaba contra los acusados fue desafortunada porque existían las pruebas para que los imputados guardaran la prisión preventiva de ocho meses.
Sostuvo que el Ministerio Público había depositado todas las pruebas necesarias para que los imputados cumplieran 8 meses de prisión hasta que se concluyera la investigación, como se había solicitado.
Por tal razón, lamentó la variación de la medida de coerción dispuesta por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago.
La fiscal se limitó a emitir un juicio sobre si hubo presión para que los jueces variaran la condición en que se encontraban los imputados, refiriendo a que ellos establecieron que actuaron por petición del Ministerio Público.
El Tribunal Colegiado decidió permutar la prisión preventiva que pesaba contra los reos Adalberto Rosa hijo, Miguel Ángel Lazala y Gerard Estévez Peña, por una garantía económica de RD$2 millones, reportarse todos los días 30 de cada mes por ante la autoridad competente e impedimento de salida del país.
“Este es un caso que tiene todas las características de criminalidad organizada, por lo que no es posible aceptar que se le otorgue la libertad cuando tenemos cientos de personas en las cárceles por delitos menores”, afirmó Reynoso.
La fiscal de Santiago dijo que la Fiscalía continuará con esa investigación, “pero ahora con la medida de coerción no puede hacer nada porque fue una solicitud del Ministerio Público de la Corte de Apelación”, resaltó.
La corte, encabezada por la magistrada Francisca Gabriela García de Fadul, Brunilda Castillo y José Saúl Taveras, acogió el pedido de la defensa de los imputados, así como de la dirección de Aduanas y el Ministerio Público de la Procuraduría de Corte de Apelación, alegando que se trataba de un delito económico
