La Suprema Corte de Justicia fue apoderada este jueves de un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley 5796, que dispone la exoneración abierta del pago de impuesto a las importaciones de vehículos de motor a diputados y senadores.
El recurso fue presentado por Luis Scheker Ortiz, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Carlos Pimentel, director del área de Transparencia del movimiento no partidista.
Ortiz indicó que esa Ley es una violación a la Constitución de la República que condena que una persona sustraiga fondos públicos o que valiéndose de su posición en el Estado obtenga para sí o para terceros provecho económico.
El miembro del Consejo de Participación Ciudadana explicó que por esas exoneraciones el Gobierno ha dejado de percibir más de mil millones de pesos.
Señaló que las exoneraciones otorgadas a los legisladores representa un privilegio irracional y desproporcionado, contrario a la Carta Magna, por lo que solicitan a la Suprema su nulidad.
“La Ley 5796 debe ser declarada nula, conforme a lo dispuesto por el artículo seis de la Constitución vigente, que plantea que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujeto a la Constitución”, indicó Ortiz cuando fue entrevistado por los periodistas luego de entregar el documento.
La organización no gubernamental advirtió que acudirá a los tribunales cuantas veces entienda que las leyes han sido violadas, o que se cometan excesos y abusos de poder en el ejercicio de una función, con la finalidad de eliminar esas malas prácticas y fortalecer la institucionalidad y el estado de derecho.