El incremento de la corrupción debilita el destino de los recursos del Estado, que pudieran satisfacer demandas tan imprescindibles para la sociedad dominicana como los hospitales y las escuelas, entre tantas necesidades.
La representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la República Dominicana, Valerie Julliand, catalogó la corrupción como el “mal grande que aflige todas las actividades de los países y que por su vulnerabilidad, los pobres son los más afectados”. En el país son muchas las personalidades que opinan al respecto, excepto el Presidente de la República.
El propio mediador, Agripino Núñez, considera este tema como “frustratorio”, porque en el ordenamiento del país pesan demasiado las violaciones.
“Valentía, no sólo para denunciar, sino para actuar”, afirma Monseñor y los representantes de los partidos políticos repiten que en sus agendas está clara la necesidad de optar por la transparencia pública.
La impunidad no puede seguir reinando en las entidades públicas y la población está ya cansada de escuchar “que se va a hacer esto o lo otro, sin que se observen resultados”.
¿Cuántos sometimientos ha habido en los últimos tiempos? ¿Cuánto de transparencia hay en los actos judiciales llevados a cabo en ese sentido?
El tema de la corrupción será resuelto cuando las instituciones del Estado se fortalezcan y haya una visión integral del mal, claro está. Cuando se controle desde todos los organismos, con la responsabilidad que corresponde a cada cual, tal y como señala la Constitución de la República.
Aunque otros prefieren no comentar el tema, este no es asunto de silencios, si no de palabras y más que palabras, de hechos.
