El gobierno que encabeza el presidente Leonel Fernández da los toques finales a los proyectos de leyes que conformarían el Código de la Comunicación, mediante el cual se propone regular efectivamente el más amplio espectro de la comunicación social en el país.
De hecho, estas iniciativas que estaban siendo reclamadas por algunos sectores de la Comunicación Social, entre los que se destacan la Fundación Comunicación y Servicios Asistenciales (FUNCOMYSA), habían dormido un largo sueño en manos de las personas que fueron comisionadas para elaborarlas.
Recordamos que fue por iniciativa de FUNCOMYSA y más luego por la disposición de otros gremios de la Comunicación Social, que se puso en movimiento la iniciativa de quienes tenían la responsabilidad de entregar esos proyectos de leyes al presidente de la Republica, porque todo el mundo se había olvidado de esa encomienda presidencial.
Por suerte, los periodistas, los comunicadores y las empresas de la comunicación ya contamos con los borradores que tienen la intención de sustituir la vieja y obsoleta ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento y que nos permitirán adecuar el ejercicio de nuestra profesión al nivel de crecimiento que han experimentado las comunicaciones en sentido general.
Ahora, lo que se impone es que esas iniciativas, que hace unos días fueron aireadas en el marco del escenario de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, sean llevadas a las instituciones que representan a las empresas de las comunicaciones y a los periodistas, para que éstos a su vez contribuyan al enriquecimiento de esas piezas.
La adecuación de las leyes sobre los medios de comunicación, hoy más que nunca requieren de un tratamiento especial y sobre todo cuando se trata de la modificación de una legislación que con el paso del tiempo se ha quedado atrás por el avance y la diversificación que han alcanzado los medios de comunicación en el país y el mundo.
Los alcances de los proyectos que han sido puestos en manos del presidente Fernández, necesariamente demandaran de la participación de diversos sectores especializados en las diferentes ramas de la comunicación, porque ahora deberán ser regulados aspectos tan técnicos, cuyos que el dominio de sus lenguajes escapan al conocimiento de los miembros de la comisión de comunicación.
De todos modos, en cualquier escenario en que se discutan estos aspectos tan amplios de la comunicación, se deben mantener pendientes elementos que impidan la concentración del monopolio, ya sea en el sector público como en el privado.
Los legisladores, el gobierno y los periodistas, debemos preservar esa conquista porque es un derecho que le compete a los pueblos y por lo tanto se debe garantizar el acceso de manera igualitaria de todos los ciudadanos a los diferentes medios de comunicación, sin discriminación de nadie.
En hora buena, debemos abocarnos a discutir estas iniciativas que ojalá contribuyan a democratizar el ejercicio de los medios de comunicación y a fortalecer sistema de libertades de los cuales, medianamente, disfrutamos los dominicanos.
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