El Senado fue apoderado de un proyecto de ley que dispone una indexación o ajuste salarial anual para todos los trabajadores y empleados públicos y privados.
El autor del proyecto, Adriano Sánchez Roa (PLD-Elías Piña), recordó que el Código de Trabajo dispone una revisión salarial cada dos años, pero al salario mínimo, que sólo representa un 7% de los asalariados, por lo que el 93% queda fuera del aumento.
La pieza legislativa también procura, que el Comité Nacional de Salarios sea equilibrado, ya que actualmente es dominado por los empresarios, por lo que el senador fronterizo consideró que ambas partes, patronos y obreros, deben estar igualmente representados en ese organismo, en lo que a influencia se refiere.
Sánchez Roa dijo que la legislación persigue igualmente que las autoridades del Ministerio de Trabajo sean árbitros con fuerza para decidir los conflictos salariales.
Indicó que como está el Comité Nacional de Salarios ni siquiera cada dos años revisa el salario mínimo, ya que a veces tarda tres años porque le dan larga.
Expresó que la indexación salarial cada año conforme a la inflación es lo justo, ya que, incluso, si en ese período no se registra inflación, pues tampoco se aumentarán los sueldos.
Otro proyecto
Sánchez Roa indicó que otro proyecto suyo dispone que los salarios de los funcionarios, que abarca a los tres poderes del Estado y los cabildos, sólo sean aumentados cuando previamente se aumente el salario mínimo en el sector público y ayuntamientos.
"Es decir, que ninguno de nosotros nos podamos hacer aumentos salariales si no lo hay para los que menos pueden o devengan salario mínimo". Recordó que la Constitución dispone que los funcionarios no pueden recibir aumento de sueldos para el período que inician.
Dijo que cuando los funcionarios se han hecho aumentos de sueldos, sus choferes, empleados de oficinas y seguridad, siguen con salarios pírricos.
Se espera que próximamente la comisión de seguridad social del senado convoque a los sindicalistas, empresarios y otros sectores, para así rendir un informe al pleno, donde finalmente se decidirá si todos los años los empleados reciben un ajuste salarial según la inflación.
