Una reciente publicación de PROFAMILIA reprochó cómo recientemente, el presidente de la República Dominicana declaró ante la ONU que en no se cumplirán los Objetivos del Milenio, el quinto de los cuales aboga por reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes hasta 2015.
Las estadísticas de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, observan que la mortalidad materna es de 160 por cada 100.000 nacimientos, a todas luces uno de los más altos índices en la región, si se tiene en cuenta que la población alcanza unos nueve millones; la tasa de crecimiento poblacional es de 1,64 por ciento y la tasa de natalidad representa los 25,15 nacimientos por cada 1.000 habitantes.
La doctora Lilliam Fondeur ha escrito al respecto: “La Constitución marca las pautas de las políticas públicas, dentro de ellas las políticas de educación y de salud. El Código Penal debe responder a las necesidades de la población. El Estado no puede fingir ceguera o simular oídos sordos ante las miles de niñas y mujeres embarazadas por violación. La revisión del nuevo Código Penal debe velar por la vida de todos y todas, inclusive de las mujeres pobres…".
Se trata de influir y determinar con acierto en la toma de conciencia sobre la atención que este fenómeno reclama, donde el aborto, penalizado sin excepciones, incrementa el número de víctimas. Se requiere de políticas que garanticen a las mujeres el acceso a servicios oportunos y de calidad que logren reducir la mortalidad materna.
Nada puede seguir como se acostumbra en el estilo del avestruz, escondiendo la cabeza para no ver que es imprescindible “un abordaje integral del aborto que incluya aspectos legales, médicos y sociales”, pues lo que está en peligro es, precisamente, la salud o las vidas de las mujeres, cuyas persecuciones judiciales selectivas y abusivas afectan mayormente a las más pobres.
