Recientemente, hemos visto al Ministro de la Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, ofrecer cifras sobre el número de servidores públicos incorporados a la carrera administrativa y resaltar el trabajo que esa dependencia ha venido desempeñando en el Estado dominicano, desde su fundación, como forma de simpatizar a los colegas que le visitan desde diferentes países.
Lo cierto es que quienes acompañan al ministro dominicano en el evento que se realiza para estudiar y comparar las leyes que, sobre Función Pública, poseen las diferentes naciones, deben saber que en nuestro país esa legislación ha sido una de las más manoseadas e incumplidas por la mayoría de los gobiernos que han conducido el Estado dominicano.
La ley 14-91, de Servicio Civil y Carrera Administrativa y la 41-00, que la modificó para ponerle el calificativo de Administración de la Función Pública, ambas estuvieron repletas del contenido ideal para hacer que el servidor público pudiera contar con la deseada, pero no respetada estabilidad laboral, de que todo profesional o técnico calificado debiera gozar para ocupar un puesto en el Estado dominicano.
Sin embargo, con ninguna de esas dos legislaciones se ha podido avanzar, porque cada vez que surge un gobierno nuevo se las ingenia para reformar la ley vigente con el propósito de cancelar al personal especializado de la administración pública y nombrar en sus puestos a los compañeritos o correligionarios del partido ganador.
Las socorridas y reiteradas quejas de los empleados o funcionarios de carreras de la administración pública, las sentimos y las vivimos cada vez que se producen esos cambios de dirección en el Estado dominicano, no importa que sean del mismo partido, porque el objetivo final es poner a la persona que es fiel o seguidor al funcionario de turno, sin importar que ejerza bien o mal las funciones asignadas.
El hoy Ministro de Administración de la Función Pública conoce perfectamente todas las vicisitudes e inconvenientes que al inicio de su gestión pasaron los más de diez mil empleados de carrera, quienes fueron separados de sus puestos en la administración pública para cobrar sus indemnizaciones y todavía existen quienes no las han recibido porque por razones de imprevisiones presupuestarias de los incumbentes de algunas instituciones cayeron en deuda pública y no han podido cobrar.
Aún cuando se ha dicho que 18 mil empleados de la Administración Pública han sido incorporados a la ley de Función Pública, al pueblo dominicano no se le está diciendo la verdad, porque de esa cantidad apenas pueden estar trabajando actualmente un poco más de 7 mil servidores públicos, debido a que durante el gobierno de Hipólito Mejía se logró completar la cifra de 13 mil empleados de carrera, de los cuales la mayoría fueron separados de la Administración Pública en el año 2004.
Vale destacar que la condición de empleado público de carrera sólo se pierde con la muerte, por lo que todos los que han sido incorporados al Servicio Público no pierden el derecho que les confiere la ley y que en caso de que no estén ocupando un puesto en el Estado, reciben la calificación de servidores pasivos, porque una vez reingresen a una función pública automáticamente recobran su condición anterior.
Por lo tanto, es válida la aclaración de que hasta el momento en nuestro país contamos con 18 mil servidores incorporados a la Administración de la Función Pública, pero eso no significa que necesariamente todos estén laborando para el gobierno dominicano, sino que se trata de un asunto nominal registrado en base a los certificados emitidos por el Ministerio de la Administración de la Función Pública.
Ahora bien, si nos ponemos a analizar que desde la gestión del doctor Raymundo Amaro Guzmán, que fue la primera persona que se dispuso a poner en funcionamiento las estructuras de la desaparecida Oficina Nacional de Administración y Personal ( ONAP), hasta estos días en que fue creado el Ministerio de la Administración de la Función Pública, sólo han sido incorporados esos 18 mil servidores del Estado dominicano, cuando la Administración Pública supera el Medio millón de empleados, sencillamente tendríamos que llegar a la conclusión de que ese esfuerzo no ha valido la pena.
La aplicación de esta ley de Administración y Función Pública debe formar parte de la agenda de un gran compromiso nacional firmado por los partidos políticos, que garantice la eficiencia de la Administración Pública y la ejecución de un verdadero programa de Desarrollo que nos permita superar todas las debilidades económicas e institucionales que padecemos.
Esto lo esbozo y lo propongo, basado en la autoridad que me confieren los más de 20 años que llevo sirviendo al Estado dominicano en diferentes posiciones y el mérito adquirido al obtener las calificaciones necesarias que permitieron nuestra incorporación a la Carrera y Servicio Civil en el Estado dominicano.
Ojalá que la reunión del Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Administración Pública que se efectúa en nuestro país, sirva para sentar las bases de un compromiso a fin de que las autoridades echen para atrás todas las injusticias cometidas por los diferentes gobiernos contra los servidores públicos de carrera, que han sido separados de sus puestos por los asuntos políticos, que han castrado el avance de la legislación de Función Pública.
