Londres.- Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno británico que diga toda la verdad sobre las supuestas violaciones de los derechos humanos de personas detenidas en terceros países en operaciones antiterroristas.
AI hizo su llamamiento después de que se anunciara que el Gobierno de David Cameron va a indemnizar con varios millones de libras a seis ex reclusos que demandaron a las autoridades británicas por supuesta complicidad en las torturas sufridas durante los interrogatorios.
"La compensación económica puede ser una parte importante del derecho a reparaciones de quienes son víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, pero es sólo una parte", dijo Nicola Duckworth, directora del programa para Europa Y Asia Central de AI.
"La necesidad de hacer pública toda la verdad sobre los atropellos de los derechos humanos y el deber de los Estados de exigir responsabilidades a los responsables sigue siendo esencial y no deben soslayarse", agrega la ONG en un comunicado.
Bisher al-Rawi, Jamil el Banna, Richard Belmar, Omar Deghayes, Binyam Mohamed y Martin Mugabamba todos ellos detenidos en el marco de la lucha antiterrorista, emprendieron acciones legales contra las autoridades británicas.
Todos ellos reclamaron daños y perjuicios por la supuesta complicidad del Reino Unido en las violaciones de los derechos humanos sufridas durante su traslado y en su reclusión en diversos centros de seguridad, entre ellos Guantánamo.
Según informó hoy la prensa británica, el Gobierno conservador-liberaldemócrata prefirió resolver el caso pagando indemnizaciones millonarias a los querellantes para no tener que revelar ante un tribunal ciertas actividades de los servicios secretos.
Los abogados que trabajan para el Gobierno han intentado reiteradamente impedir la publicación de material relevante y han solicitado que los documentos de carácter secreto que presenten las autoridades lo sean en sesiones a puerta cerrada, denuncia AI.
"Hasta el momento el derecho de acceso a la justicia de los ex detenidos ha estado obstruido por los persistentes esfuerzos del Gobierno para impedir la divulgación de pruebas relacionadas con tales acusaciones", afirma la nota de Amnistía Internacional.
Según la ONG, "es necesario constituir una comisión de derechos humanos para establecer la verdad de lo ocurrido".
