La Paz.- Los pocos dirigentes opositores que aún ejercen cargos de elección popular en Bolivia se sienten cada vez más acorralados por el Gobierno del presidente Evo Morales, a quien acusan de acaparar el poder y anular con juicios a quienes no pudo derrotar en las urnas.
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, ex aliado de izquierda de Morales asediado por denuncias judiciales del oficialismo, dijo que se vive "un momento en que la Justicia está siendo instrumentalizada políticamente".
A su vez, el analista político Carlos Cordero declaró a Efe que "hay una estrategia con dos caras de la misma moneda: por un lado, hay una concentración de poder, y por el otro, la inhabilitación, descalificación y remoción de autoridades electas opositoras".
El plan, enfatiza Cordero, consiste en una "judicialización de la política" que tiene como consecuencia que alcaldes y gobernadores contrarios al presidente izquierdista e indigenista hayan sido denunciados, encarcelados o sentenciados.
Dos casos han encendido esta semana las alarmas de la oposición por sus consecuencias jurídicas: una sentencia de tres años de prisión para el suspendido alcalde de Potosí, René Joaquino, que puede ser inhabilitado para ejercer cargos públicos, y la reclusión preventiva del suspendido alcalde de Sucre, Jaime Barrón.
Joaquino, ex candidato presidencial indígena pero no indigenista, fue condenado el miércoles por una acusación oficialista de compra irregular de vehículos usados, que él considera una injusticia porque lo hizo para ahorrar fondos, no por corrupción.
Barrón fue enviado a prisión el martes por orden de un juez que investiga su supuesta instigación de actos racistas contra indígenas seguidores de Morales, lo cual él rechaza de plano.
"Da la impresión de que el Gobierno es altamente exitoso en sus objetivos, de que el poder político que tiene ejerce una influencia muy fuerte sobre la Justicia y hace que este poder puede torcer la legalidad", comentó Cordero.
En Potosí hubo marchas a favor de Joaquino y cinco militantes de su partido iniciaron el viernes una huelga de hambre, mientras que en Sucre 20 personas hacen lo propio para respaldar a Barrón, según publica hoy la prensa local.
A juicio del analista, el "malestar ciudadano" en Sucre y Potosí por la situación de esos dirigentes opositores ocasionará una "pérdida de legitimidad" y una "devaluación" de la autoridad de Morales, que le "puede cobrar factura en las próximas elecciones", a fines de 2014.
El alcalde Revilla aseguró a periodistas que "lo que ha sucedido en Sucre, en Potosí, y lo que está sucediendo en La Paz, es una clara muestra de la intencionalidad política de defenestrar autoridades legalmente elegidas".
Además, el gobernador de la región sureña de Tarija, el opositor Mario Cossío, denunció el viernes que está en marcha "un golpe" en su contra, tras conocer la grabación de una reunión de dos ministros con líderes oficialistas en el que uno de estos habla de derrocarlo con el apoyo de funcionarios judiciales y electorales.
Cossío presentó una querella por sedición y conspiración contra los ministros bolivianos de Economía y Finanzas, Luis Arce, y Justicia, Nilda Copa, y dirigentes tarijeños del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
Los gobernadores de los departamentos de Beni, Ernesto Suárez, y Santa Cruz, Ruben Costas, también tiene varias denuncias oficialistas en su contra y pueden ser suspendidos gracias a una norma promulgada este año por Morales.
