Niegan libertad acusado de estafar más de 50 personas

La magistrada Rosanna Vásquez, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, le negó la libertad condicional al imputado Oscar Luis Castillo, acusado de estafar a un grupo de personas con más de RD$50 millones.

La jueza decidió mantenerlo en prisión al no acoger un pedido del imputado que buscaba que la medida le fuera variada por una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica al tribunal. Asimismo, dejó sin efecto la revisión obligatoria de la medida.

La defensa, en adición a los elementos que había motivado ante el juez de la Oficina de Atención Permanente, Alejandro Vargas, que lo envió a prisión por tres meses, mostraron varios acuerdos transaccionales entre personas y el desistimiento de un acuerdo con Kenia Altagracia.

También registros mercantiles, copia de su título de abogado, declaración de domicilio de la compañía en que es accionista, acta de matrimonio y al abogado José Antonio de Jesús Castillo, como garante.

Además, carta de su razón social, del colegio de su hija, de la iglesia Monte de Dios y de José Almonte, dando fe de que trabaja en esa firma de abogados, también entregó su pasaporte.

La defensa explicó a la magistrada que con todos esos elementos, Castillo demuestra que sigue haciendo los esfuerzos para buscar soluciones a las víctimas, así como que está dispuesto acudir a todos los actos de procedimiento.

El Ministerio Público explicó al tribunal que el certificado de la constitución de compañía no es válido y que no ha sido renovada su inscripción, a cuyo delito la Ley Financiera le da la categoría de acción pública, por lo que solicitaron que sea mantenido en prisión.

Asimismo, los abogados de los querellantes se opusieron a la variación de la medida por entender que los registros mercantiles están vencidos, el domicilio de la empresa se encuentra en un local vacío y la empresa de cobro es una compañía inexistente.

También porque un tercer domicilio presentado por Castillo es de un hermano y el cuarto domicilio es la oficina de unos de los abogados que lo representa.

En cuanto al inmueble que puso en garantía se comprobó que es una mejora que no cubre la deuda de todas las víctimas.

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