El ex senador peledeísta, Francisco Domínguez Brito, sostuvo este martes que en el país se aprueban muchas leyes, sin embargo el Estado Dominicano, su administración y algunos ciudadanos consideran que no tienen ningún valor.
El también ex Procurador General de la República considera que esta relativización del imperio de la ley ocasiona grandes problemas a la democracia.
“A mi entender, uno de los grandes problemas que tiene la República Dominicana para crecer y para avanzar está en la falta de respeto al imperio de la ley. Esa cultura de indiferencia que se da a todos los niveles y que verdaderamente provoca mucho daño al país” –dijo Domínguez Brito.
Las declaraciones del ex Senador por la provincia de Santiago de los Caballeros se produjeron en una entrevista concedida al coordinador de la Unidad de Poder Legislativo del Observatorio Político Dominicano (OPD), José Martínez Brito.
La entrevista forma parte de un ciclo de encuentros que realiza el OPD con legisladores y ex legisladores para conocer su trayectoria, su pensamiento político y sus planes.
Sobre la consuetudinaria falta de respeto a la ley, Domínguez Brito se pregunta “¿No es una falta de respeto a un Congreso cuando la ley no se cumple? ¿No es una falta de respeto a un Presidente de la República que promulgue una ley y esa ley no se cumple? ¿No es una falta de respeto a la democracia cuando la ley no se cumple? ¿Quién tiene que jugar el rol, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Congreso o los tres poderes del Estado?”
Refiriéndose a la nueva Constitución de la República, Domínguez Brito considera que representa para el país un enorme avance en el orden institucional, en todo el sistema de administración de justicia. Entre esos avances, el ex Senador señala:
La transformación total de la jurisdicción contenciosa electoral, pasando a ser una entidad más ligada a la judicialización del proceso. Su selección será a través del Consejo Nacional de la Magistratura y se regirá por una ley especial.
El fortalecimiento del Ministerio Público, procurando una mayor independencia, una mayor efectividad en la persecución penal y una mayor garantía de las libertades individuales.
El fortalecimiento del Poder Judicial, con la creación de una nueva estructura mucho más democrática.
La creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que constituye un gran paso en la efectividad de la persecución penal.
