La huelga encubierta de los controladores aéreos, que este fin de semana sumió al país en un caos sin precedentes, obligó a cerrar prácticamente todo el espacio aéreo nacional durante casi dos días.
También terminó con la militarización de los centros de control de los aeropuertos civiles luego de que el gobierno de José Luis Zapatero decidiera decretar el “estado de alarma”, una medida que han aplaudido unos y criticado otros, pero gracias a la cual se logró regresar a la normalidad.
Lo más grave es que este paro inesperado se produjo justo en el inicio de uno de los puentes festivos más largos que se celebran en España, y obligó a la cancelación de 4.300 vuelos en dos días, dejando varados a unos 600.000 pasajeros en los aeropuertos; por consiguiente, y luego de pasar la situación de crisis, comienzan a darse a conocer las estadísticas negativas generadas por el suceso: para las aerolíneas, las pérdidas se valoran en unos 80 millones de euros; mientras que el sector turístico las ubica en unos 250 millones.
Teniendo muy en cuenta esas pérdidas, y la mala imagen de España que este episodio increíble ha generado en el mundo, el domingo en la mañana, después de dar a conocer que se volvía poco a poco a la normalidad en los aeropuertos, el ministro de Fomento, José Blanco declaró: “Ahora toca hacer justicia.
El comportamiento altamente irresponsable de los controladores no puede quedar impune y AENA va a aplicar las sanciones oportunas”. En ese sentido, anunció que ya se habían abierto expedientes disciplinarios a 442 controladores.
Blanco reiteró las disculpas del Gobierno a los ciudadanos por lo sucedido y les aseguró que no permitirá que suceda de nuevo, detalla un cable de AFP. Horas antes, el vicepresidente primero del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmaba en la radio Cadena Ser que "habrá unas Navidades tranquilas en los aeropuertos”. Se refería sin lugar a dudas a que no se permitirán huelgas ya anunciadas por otros colectivos de ese sector.
El estado de alarma decretado por el gobierno, que no se aplicaba en el país desde la vuelta a la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975, estará vigente por 15 días, “durante los cuales los controladores están sometidos al código penal militar”, explicó Rubalcaba.
