La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó este viernes que el pueblo dominicano vivió durante el 2010 que recién finaliza un deterioro progresivo de sus derechos fundamentales.
Según Manuel María Mercedes, esa violación estuvo fundamentada en una aberrante e indignante corrupción oficial, promovida y apañada desde el Palacio Nacional, también las alzas indiscriminadas y permanentes del costo de la vida.
Además, mediante una espiral de violencia alentada por los cuerpos del orden, la sustentada pérdida de calidad en los servicios públicos y privados, el incremento del narcotráfico, de las muertes violentas y descaradas violaciones oficiales a la Constitución y las leyes.
En lo institucional, dijo que además de firmar el 26 de Enero de 2010 una Constitución que nació negándose a sí misma y violando derechos fundamentales, el Poder Ejecutivo promovió el irrespeto a la institucionalidad y la violentación a las leyes, llegando, incluso, a conceptualizaciones vagas para justificarse.
Asimismo, Mercedes sostuvo que los constantes escándalos revelados por los medios de comunicación no dejan lugar a dudas para afirmar que 2010 demostró que se está ante un gobierno patológicamente corrupto.
Entiende que cualesquiera hechos de corrupción cometidos por gobierno alguno de 1966 a la fecha quedan cortos ante los escenificados por los funcionarios públicos, con el apañamiento cómplice del presidente Leonel Fernández.
Sobre la inversión social, manifestó que este año 2010 comenzó con un pobre presupuesto para ese renglón, lo que se agravó con el hecho de que se redujo sustancialmente para financiar el subsidio al sector eléctrico.
Igualmente, señaló que en el 2010 el pueblo dominicano vio disminuir su nivel de vida de manera espantosa y los programas sociales del gobierno quedaron en la evidencia del fracaso, a tal punto que el presidente Fernández tuvo que admitir ante las Naciones Unidas que República Dominicana ha fracasado en cumplir con los Objetivos del Milenio.
En cuanto a la Seguridad Ciudadana, Mercedes explicó que el 2010 la inseguridad ciudadana y la violencia dominaron el panorama social del país. Sobre las 2,155 personas perdieron la vida en hechos violentos.
Insistió que la violencia se ha expresado con un incremento de los linchamientos públicos de supuestos delincuentes. El año 2010 termina con un total de nueve personas linchadas públicamente, cuatro de los cuales han ocurrido desde el 16 de agosto, bajo la jefatura policial del general Polanco Gómez.
Para los Derechos Humanos es preocupante también la cifra de personas reportadas por sus familiares como desaparecidas. La Policía registra un total de 146 desaparecidos, sin embargo, no dispone de estadísticas del número de casos resueltos, excepto un porcentaje mínimo que ha aparecido muertas con signos de extrema violencia, como decapitaciones.
Sobre los feminicidios, expresó que han recibido denuncias de 192 feminicidios en 2010, lo que significa un incremento de 159% con respecto al año 2009, año en que se registraron 74 casos. Más del 50%, fueron ejecutados por la pareja o alguien del entorno de la víctima.
El año 2010, según Mercedes, también fue marcado por el uso de la fuerza pública en la ejecución forzosa de desalojos para favorecer en más de un 70% de las veces a particulares. Se estima que en República Dominicana ocurrieron en el año que termina un promedio de tres desalojos violentos por día.
Asimismo, siguió diciendo que el viejo modelo carcelario este año se caracterizó por el hacinamiento, la sobrepoblación, los privilegios y todo tipo de corrupción, incluyendo ser centros de mandos de grupos organizados que son dirigidos a fuera y adentro por los mismos reclusos.
En lo referente a la Migración, Mercedes señaló que el año 2010 fue para la República Dominicana de altas y bajas, sobre todo en lo que a la migración haitiana se refiere.
También habló de la libertad sindical que a su juicio se vio seriamente afectada. Cientos de trabajadores y trabajadoras perdieron su empleo y fueron sometidos a una amplia gama de prácticas discriminatorias por el solo hecho de realizar actividades sindicales.
“Especial interés en la violación de los Derechos Humanos en el país cobra el caso de la multinacional minera Barrick Gold, que opera en Pueblo Viejo, Cotuí, provincia Sánchez Ramírez”, finalizó Mercedes.
