El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaño Guzmán, advirtió este lunes sobre la posibilidad de incoar ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad si el Congreso no aprueba en el presupuesto nacional del próximo año el 4% que por ley corresponde a educación.
“Sería un recurso de inconstitucionalidad por omisión después de aprobado el presupuesto, ya que el artículo 63 de la Constitución establece todo lo que tiene que ver con la inversión en educación, precisó.
De acuerdo con el Artículo 63 de la Constitución dominicana establece: “La inversión del Estado en la Educación, la ciencia y la tecnología, deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La Ley consigna los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversiones ningún caso se podrá hacer transferencia de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas”.
Más de 300 organizaciones que forman la Coalición Educación Digna expresaron su repudio a la aprobación en el Senado de la República del proyecto de Ley de Presupuesto 2011, por violar la Ley 66-97 que consigna que el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) debe ser dedicado a educación y el artículo 63 numeral 10 de Constitución que establece que la inversión en educación debe creciente y sostenida.
El viernes pasado, el Senado aprobó el presupuesto que regirá para el 2011 por un monto de RD$390,845 millones, en el que también quedó derogada transitoriamente la Ley 66-97, que estipula la asignación del 4% del PIB para ser invertido en el sector educativo, acción que ha recibido el rechazo de las organizaciones sociales que solicitan que se cumpla con tal disposición legal.
La Coalición Educación Digna mostró su sorpresa ante la advertencia que hiciera el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, de que “si se produce una decisión que intente, entorpecer u obstaculizar el trabajo legislativo de la República, se estaría violentando el principio de la separación de los poderes, donde descansa la democracia representativa”.
La jueza del Tribunal Superior Administrativo, Sara Henríquez Maríñez conocerá este lunes la vista del recurso de amparo que fue interpuesto a fin de que se le dé cumplimiento del derecho constitucional a la educación con la inversión del 4% del PIB para el Presupuesto y la Ley de Gastos de 2011.
La magistrado Henríquez Mariñez suspendió la audiencia del jueves pasado con la finalidad de que los abogados del Senado de la República estudien los documentos que fueron aportados en el tribunal y que preparen su medio de defensa.
